El lunes pasado tuvo lugar el primer gran tiroteo de la semana en Estados Unidos. Un exelectricista de la Armada, un individuo agresivo y trastornado, tomó la determinación de disparar en un lugar concurrido para llevarse por delante la vida de otras personas y así, quizás, pasar a la historia. Nunca sabremos qué motivó a Aaron Alexis, varón de color de 31 años, a entrar armado con un fusil en la sede central de la Armada en Washington y disparar a la gente que estaba allí. Lo único de lo que estamos seguros es de que, al menos, 12 personas han fallecido y 14 más resultaron heridas por su culpa.
Tres días después, el jueves por la noche, esta vez en Chicago, unas bandas rivales se liaron a tiros en una cancha de baloncesto, con el resultado de, al menos, 13 heridos por bala, entre los que se encuentra un niño de 3 años. Chicago tiene el dudoso récord de muertes por arma de fuego en el 2012: 500; más incluso que Nueva York.
Resulta redundante afirmar que el derecho constitucional a portar armas y la facilidad con la que se adquieren, tanto de manera legal como ilegal, es la causa de que se produzcan miles de muertes al año en Estados Unidos. Tampoco es un secreto que los máximos beneficiarios de esta ley son las empresas fabricantes de armas, financiadoras de la Asociación Nacional del Rifle y del Partido Republicano. También resulta reiterativo decir que, dado el tamaño del país y la dispersión de sus habitantes en muchas zonas, la reminiscencia del Lejano Oeste sigue amparando la posesión de armas para autodefensa. Autodefensa, claro, de aquellos que también tienen derecho a poseerlas, todos, incluso los ciegos. Un círculo vicioso de interés económico y sangre que ni siquiera Obama ha podido romper.