Una de las afirmaciones que me emocionan de los políticos, subraza neoliberales, asentados en algunos Gobiernos españoles -el madrileño, el valenciano, el catalán, entre otros-, y por tanto con una acrisolada y prolongada capacidad de gestión de lo público por mayorías absolutas, es la afirmación que guía su práctica política: los gestores públicos no son buenos ni eficientes gestores de los servicios públicos. Ergo, solo cabe su privatización. Olvidando siempre que es a ellos a quienes corresponde esa mala gestión que denuncian. Repasen las trayectorias de los tres hacedores (Lasquetty, Güelmes y Lamela) de la sanidad madrileña y observarán que son ellos quienes han acreditado esa paradigmática mala gestión. Pero recuerden que otros políticos y administradores, Rafael Bengoa y el Gobierno vasco entre otros, presentan resultados de gestión pública de la salud eficiente y acreditada.
El argumento contra la gestión de lo público, gracias a los ocultos lobbies, fue extendiéndose desde los servicios municipales (basura, agua) a las grandes empresas públicas privatizadas: Iberia, Endesa, Repsol-Campsa, Telefónica, en aras de la eficiencia y la competitividad. Hoy se ven los resultados para los ciudadanos.
Nuestra sociedad ha sido inconsciente del uso del poder otorgado a nuestros políticos. Lo que les ha permitido alterar las claves de nuestra vida democrática, Constitución incluida, y llevarnos al actual empobrecimiento. Mentiras de Rajoy y su Gobierno aparte, de las pensiones a la sanidad, la educación, la investigación, los salarios o la reforma laboral, los ciudadanos y sus organizaciones pasaron tiempo en exceso olvidándose de lo principal -el bienestar, la libertad, la igualdad- para enredarse en la maraña institucional y olvidarse de las personas.
Frente a ello, movimientos ciudadanos como los del 15-M y las sucesivas mareas -blanca, roja, verde-, o la plataforma antidesahucios, alentaron esperanzas. Por más que, vez sí, vez también, fueron desmoralizadas y desmovilizadas con engaños. Por eso, cabe la pregunta: ¿Quién mantiene la esperanza? Tan solo las actuaciones judiciales europeas o españolas, en lo contencioso y en lo penal, surgidas desde los propios implicados, parecen vías posibles ante los desmanes administrativos de los poderes políticos. Las actuaciones de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) o de la plataforma antidesahucios indican un camino para tantos afectados o consumidores obligados por leyes o decisiones que limitan la igualdad y destruyen o encarecen servicios públicos. Y debieran ser una clara llamada de atención a las organizaciones sociales al uso, inmovilizadas o impotentes ante el cerrojo de las mayorías absolutas y los intereses de quienes se benefician de tanto servicio privatizado o externalizado.