14 sep 2013 . Actualizado a las 06:00 h.
Con nueve millones de jubilados, cualquier reforma del sistema de pensiones debiera ser asunto de Estado. O lo que es lo mismo: suscitar un gran consenso social. Azuzado por Bruselas, el Gobierno tira por la calle rápida, sin detenerse en algunas cuestiones: el desequilibrio del sistema no solo está amenazado por el factor demográfico sino por una galopante crisis que ha generado una mayor desproporción entre quienes aportan al sistema como ocupados y quienes viven de él como jubilados. Por tanto, crear empleo y atraer inmigración equilibra el sistema. La reforma amenaza el cuarto pilar del Estado de bienestar, que son los abuelos y su paga. La última rama a la que muchos siguen agarrados.