Cuando Rubalcaba dice que el Gobierno tiene que hablar con Cataluña, hay que suponer que no quiere decir tres cosas que en realidad insinúa: que la negociación no puede excluir de entrada ninguna posibilidad, incluida la secesión unilateral auxiliada por un Estado monaguillo; que todos los hechos y dichos equivocados, que han traído la situación hasta donde está, hay que imputárselos a Madrid y no a Barcelona; y que Rajoy debe adoptar la humilde actitud de quien ha asoballado, para dejar que Artur Mas exhiba a pecho hinchado la oronda prepotencia del ofendido. Supongo que Rubalcaba no quiere decir nada de eso; ni que las leyes y la Constitución se pueden bordear hábilmente; ni que la mesa de negociación tiene que ser redonda, como si las dos partes fuesen y representasen exactamente lo mismo.
Así que, si Rubalcaba no quiere decir lo que parece que dice, y si Rajoy no quiere decir que aquí no hay nada que arreglar ni nada de qué hablar, ya tenemos un espacio para buscar consensos, aunque para eso tengamos que limpiar la atmósfera irrespirable que han creado la imprudencia, la estupidez y la arrogancia. Y ya podemos entrar en materia.
Si lo que quiere Cataluña es un sistema de financiación más equilibrado, que camine hacia la responsabilidad fiscal, que reduzca las políticas de solidaridad a niveles razonables y que incentive una gestión eficiente, hay que decirle que sí, aunque ello obligue a revisar las excepciones vasca y navarra. Si también exigen que ese cambio se haga mediante una reforma de la Constitución que implante un modelo federal pleno de hecho y de derecho, debemos decirle igualmente que sí, aunque de ello se derive una racionalización del mapa autonómico y un cambio en la concepción del Senado y de otras instituciones del Estado. Y todo eso hay que aceptarlo siendo conscientes de que lo que gane Cataluña en este envite lo tienen que perder otros, y de que Cataluña no es la única comunidad que, invocando razones casi idénticas, debe salir beneficiada con este cambio de modelo.
Pero si lo que piden es un hecho político diferencial y único, en régimen de stato ferendo, y con dinámicas políticas en aceleración constante, hay que decirles que no. Si piden que España sea un espacio comercial franco, donde todos pueden comprar y vender obras y servicios, pero con sistemas fiscales cerrados y protegidos, donde cada cual tiene que arreglarse con lo que gana, hay que decirles que no. Y si lo que quieren es que España viva bajo la espada de Damocles de un conflicto territorial irracional e insoportable, también hay que decirles que no y que se dejen de dar la vara. Así que salida hay. Y si tuviesen que negociarla Suárez y Tarradellas no sería difícil. Pero con Mas y Rajoy en la mesa, y con Rubalcaba haciendo de intérprete, quizá estemos rozando lo imposible.