Depende. ¿De qué depende? Pues de algo tan sencillo como la nacionalidad. Si fuese gibraltareño, como el ministro principal Fabian Picardo, haría una cosa; y si fuese español, como García-Margallo, haría otra, aunque las dos tendrían -por coherencia- el común denominador de la Justicia. En España, es obvio, existe la política, pero nadie se fía de ella. Y ahí está la razón por la que nos hemos acostumbrado a que todo lo arreglen los jueces, a los que el acto de «resolver» -hacer justicia es más complejo- les gusta más que comer con los dedos. Y por eso nos atraen los juzgados como antes nos seducían las novenas de san Antonio y santa Rita, a las que íbamos a pedir remedios milagrosos.
Y suele suceder que el juez, mediante una conclusión hipotética formulada en términos condicionales, nos da plena satisfacción. Porque, aunque en Europa creen que somos el país de los toros y el flamenco, nada nos mola más que las hipótesis y las condicionales. Y por eso si yo fuese Picardo me iría al juzgado de guardia de La Línea de la Concepción y denunciaría al Gobierno español por acoso. Exigiría la revisión del Tratado de Utrecht por no garantizar la sostenibilidad del Peñón -parques para los niños, aeropuertos y aparcamientos para los que vienen a blanquear dinero, y algunos terrenos para la especulación urbanística-, y pediría que se precintase el palacio de Santa Cruz, se imputase a García-Margallo por cualquier cosa, y se declarasen ilegales todas las licencias otorgadas por los ayuntamientos de La Línea y San Roque en los últimos 300 años.
Y si fuese Margallo, haría lo propio pero al revés, para pedirle al mismo juzgado que se declarase competente -¡lástima de Garzón!- en este caso, que imputase a Picardo por blanqueo, contrabando y delitos fiscales, que empezase a investigar a la Royal Navy por delito ecológico, y que declarase suelo de uso escolar -porque sin I+D+i no hay futuro- todas las bases militares del Peñón.
Como lo más probable es que el juez se declarase competente en las dos direcciones, y dictase todas las providencias solicitadas por ambas partes, empezaríamos a desmantelar metódicamente todo el tinglado gibraltareño. Y dentro de doscientos años -cuando llegase la providencia del Supremo que obligase a finalizar la instrucción y a dictar el auto de archivo de tan grandioso y esquizofrénico pleito-, nadie sabría de qué iba la cosa, y no quedaría más remedio que pedirle al propio magistrado que nombrase un administrador común -un bodeguero del Puerto de Santa María, por ejemplo- para gestionar el Peñón y los ayuntamientos implicados. Y toda aquella gente podría reformular su vida -sin conflictos, ni colas, ni amenazas- bajo el dulce manto de la Justicia. Y además, como habría empate, podríamos pagar las costas con una subvención de Bruselas. ¡Una genialidad!