Nada hay peor para el proceso de construcción europea que la percepción social de que las autoridades de la UE tratan de forma desigual y, por desigual, injusta, a los países que la forman.
La Comisión Europea, que es el auténtico poder ejecutivo de la Unión, advirtió el lunes al Gobierno español de que la introducción de una tasa de paso en la frontera de nuestro país con Gibraltar sería ilegal bajo la legislación comunitaria. Poco tengo que decir contra esa posible ilegalidad, pues no conozco la legislación europea tan a fondo como para saber si las autoridades de la UE tienen razón. Pero yo, confiadamente, se la doy: si dicen que es ilegal, pues lo será y debe el Gobierno atenerse a esa advertencia.
Ahora bien, puestos a hacer advertencias de legalidad, lo que resulta no solo llamativo sino directamente insultante es que las mismas autoridades europeas que se muestran tan solícitas en dar la razón a los británicos en aquello que la tienen, según ellas, no actúen de la misma manera, rápida y contundente, con los intereses de España, que, además de ser también un socio de la UE -mucho más integrado, por cierto, que el Reino Unido-, está respondiendo de forma proporcionada a una agresión injustificada de las autoridades del Peñón, con el imprescindible visto bueno de las de la metrópoli que controla esa anacrónica colonia.
¿O es que no contraviene la legislación medioambiental comunitaria sembrar el mar de bloques de hormigón con largas púas de metal? ¿Es compatible con la legislación comunitaria la existencia de un paraíso fiscal en pleno territorio de la UE? ¿Son conformes con su normativa las actividades ilegales de diverso tipo y, entre ellas, las de blanqueo de capitales que se realizan en la Roca? Puestos ya a preguntar, y elevando a la mayor los argumentos españoles, ¿no resulta absolutamente contradictorio con todos los principios que la Unión Europea proclama defender la existencia en su territorio de una colonia que, en vulneración de la soberanía de uno de sus miembros, controla otro de ellos?
He de reconocerles que no soy persona afecta a ningún nacionalismo: ni el de los Estados ni el de las llamadas naciones sin Estado, pues creo, con Samuel Johnson (1709-1784), que en demasiadas ocasiones el patriotismo es el último refugio que les queda a los canallas, algo de lo que en España tenemos larga y trágica experiencia. Pero sí me revuelve las tripas la injusticia. Y la bizca mirada de la UE sobre el asunto de Gibraltar constituye una injusticia inadmisible, que castiga a quien tiene la razón y es un impulsor leal de la integración y no se la quita a quien carece de ella, premiando así de una forma ignominiosa, por arbitraria, al miembro de la Unión que más atrancos ha puesto históricamente al desiderátum de una Europa unida de verdad.