Es difícil encontrar un tipo de criminal que produzca más repulsión que un pederasta o un violador. La utilización de la intimidación, las drogas o la fuerza bruta para obligar a un niño o a un adulto en situación de indefensión a realizar actos sexuales no deseados es la demostración más palpable de la depravación a la que puede llegar un ser humano para obtener placer. Muchos dirán que son enfermos, pero mientras haya un solo menor en peligro, su enfermedad, si es real, tiene que pasar a un segundo plano en aras de la protección a la infancia, lo que implica alejar al pederasta de la sociedad.
Así, solo podemos congratularnos de que el juez haya dictado prisión sin fianza para Daniel Galván, un personaje oscuro, con grandes lagunas en su biografía, propias de quien tiene mucho que ocultar, pederasta confeso y condenado, que ha disfrutado, por un par de días, de una inmerecida libertad tras obtener un indulto que nunca debió de haberle sido otorgado.
Con una sobresaturación de casos criminales, la costumbre de dictar prisión preventiva para todos los imputados -un 44,2 % de los encarcelados-, más de tres millones de asuntos al año y un índice de resolución del 72 %, el sistema judicial marroquí se encuentra desbordado. Si a ello añadimos el acatamiento ciego a cualquier orden dictada por el rey, no resulta difícil entender que Galván fuera indultado como uno más. Nunca sabremos si fue un error involuntario o no, pero la alarma social ocasionada bien merece que se revisen los procedimientos, sobre todo, de Marruecos, cuando se hacen gestos diplomáticos propios de totalitarismos.