Poco se puede esperar de la educación de un país en el que la oposición acuerda derogar una ley antes de ser aprobada por las Cortes, cuando no esté el actual Gobierno. Dos son las principales causas del deterioro de nuestro sistema educativo: la politización de la enseñanza y el revanchismo político, sea del color que sea. Ante esta situación, estamos metidos en un permanente círculo vicioso, que crea una grave y cada día mayor apatía y frustración en los técnicos y profesionales de la educación institucional.
Por una parte, es insoportable asistir a un constante peloteo en el que lo más importante es desgastar al Gobierno, y lo menos, los auténticos problemas de la educación. Por otra, resulta imposible mantenerse al día en la normativa vigente. Cuando se empieza a asimilar y aplicar, se aprueba otra nueva. El BOE y los diarios oficiales de las comunidades autónomas no paran de publicar normas que desarrollan la ley orgánica de turno. Cuando esta se deroga, bibliotecas enteras se convierten en basura, como dijo Kirchmann. Y vuelta a empezar, porque ya vamos camino de la séptima ¡Y la oposición anuncia la octava!
El PSOE ha gobernado un 62 % del tiempo que llevamos en democracia; un 11 % la UCD y un 27 % el PP, hasta ahora. Los socialistas han tenido importantes aciertos en educación, sobre todo en su democratización y universalización y en el fomento de la igualdad de oportunidades. Pero han fracasado totalmente en resultados académicos y en hábitos de esfuerzo y trabajo intelectual. Se creó una cultura de facilismo y promoción automática. Todos los informes coinciden en las altas tasas de fracaso y abandono escolares que, además, suponen el 60 % del gasto público en educación.
En los 22 años del PSOE en el poder se aprobaron cuatro leyes. La LODE, que aún tiene una parte en vigor, no ha sido una mala ley. La Logse, de 1990, hizo un daño muy difícil de superar. Con la Lopeg, derogada, y la LOE, en vigor, se intentó tímidamente corregir el rumbo. Además, en su último mandato, los socialistas trataron de llegar a un pacto por la educación, pero no lo consiguieron. Gobernando el PP, se aprobó solamente la LOCE, en el 2002; pero el PSOE la paralizó nada más acceder de nuevo al poder. El actual Ejecutivo tiene todo el derecho a intentar su reforma. Seguro que es necesaria una mayor y mejor negociación. Puede que haya faltado cintura. Pero, en cualquier caso, la Lomce es una ley que responde al programa electoral y a los principios del PP en educación. El tiempo dirá si consigue mejorar los malos resultados actuales. Mientras tanto, hablar ya de derogación es una absoluta irresponsabilidad y una concepción equivocada de la democracia.