Lo llaman devaluación interna. Es el eufemismo utilizado para explicar que, como ahora no se puede devaluar la moneda, lo que hay que devaluar son las condiciones de vida de la gente (no de las élites que toman la decisión, por supuesto).
Y a esa tarea se están dedicando con aplicación los gobiernos de los países en dificultades. El nuestro presume de ejecución disciplinada de la receta y alardea de que, gracias a sus valientes medidas, ya no se habla de rescate, aunque la deuda crezca y sus intereses nos cuesten 40.000 millones al año, la investigación esté en coma, el paro baje solo por contratos de verano, por la emigración o por que hay desempleados que ya no renuevan su demanda.
Y los que menos tienen tendrán aun menos. En los dos últimos años, el Gobierno español ha reducido en un 65% la ayuda oficial al desarrollo. Los recortes dejan a miles de economías precarias al borde del hambre.
Las oenegés lanzan dramáticos mensajes para hacer frente a necesidades crecientes con ingresos públicos menguantes. Unicef recoge firmas en su campaña «Ahora no podemos parar», para rogar a los gobiernos que no sigan recortando las ya exiguas partidas de cooperación. Cruz Roja pide más apoyo a los ciudadanos para llegar a 300.000 personas más que lo están pasando mal en España.
Pero tenemos 125 banqueros que ganan más de un millón de euros al año. Y políticos que cobran sobresueldos de dudosa procedencia o aparecen con misteriosas cuentas millonarias en Suiza.
Eso ya no es devaluación interna. Es devaluación salvaje e inmoral que tiene que parar.