Es lo peor que por un nimio asunto se contradigan o rectifiquen quienes gobiernan. Un agente de tráfico, extemporáneamente, decide denunciar a la concesionaria de la autopista AP-9 porque las señales R-200, de «prohibición de pasar sin detenerse», no incluyen la palabra gallega peaxe, añadida a peaje y toll.
No es tiempo ni lugar de entrar en la interpretación del real decreto de 1982, regulador de la señalización de carreteras, aeropuertos, estaciones ferroviarias, etcétera, en el ámbito de las comunidades autónomas con otra lengua oficial distinta del castellano y que, en nuestro criterio, no haría necesaria modificación alguna. Basta la cabal interpretación de los principios generales de la Ley de Tráfico y del Reglamento General de Circulación: de una parte se impone que las indicaciones escritas de las señales «se expresarán al menos en el idioma español» y, de otra, se explica que la finalidad de las señales consiste en advertir, informar u ordenar, lo que ya estaba más que logrado sin peaxe.