Hay quienes ven nuestra Administración como un monstruo inmenso que devora todo lo que se le pone por delante. Y también quienes están convencidos de que constituye el reino del latrocinio y la vagancia.
Ambos prejuicios -pues eso son y no otra cosa- están tan extendidos que bueno será, hablando de reforma administrativa, comenzar por desvelar su falsedad. Pues aunque es cierto que el gasto público es en España muy elevado, lo es sobre todo porque, desde 1977, hemos ido construyendo un Estado social del que nuestros predecesores no pudieron, para su desgracia, disfrutar. El gasto de las Administraciones es grande, sí, pero lo es primordialmente porque gozamos de una excelente sanidad universal y gratuita y una enseñanza pública universal gratuita, o muy barata, de notable calidad. Y porque existen, además, entre otras prestaciones y servicios, seguro de desempleo y ayudas sociales muy diversas, fuerzas de seguridad que garantizan que nuestros niveles de delincuencia estén entre los más bajos de la UE, grandes y asequibles infraestructuras de transporte o ayudas públicas para la promoción del deporte y la cultura.
Aunque con problemas, todo eso puede funcionar porque existe una función pública cuya principal característica, más allá de excepciones, es, tras un duro proceso selectivo por mérito y capacidad, la calidad y seriedad con la que presta sus servicios. Por eso, los mismos que ponen a caldo a nuestras Administraciones, acuden confiados a los hospitales públicos, envían a sus hijos al colegio público tan contentos, se sienten protegidos por Guardia Civil y policía y quieren que ellos o sus hijos estén amparados por las prestaciones que hoy disfrutamos en España.
¿No hay, por tanto, que reformar nuestras Administraciones? Sería yo un loco si afirmase ahora tal cosa, después de haber sostenido muchas veces lo contrario. Hay que reformarlas, por supuesto, pero no porque nuestro gasto público sea descabellado en el contexto de la UE -el propio Rajoy acaba de reconocer que no es así- ni porque nuestros funcionarios sean unos mangantes, falsedad que no resiste el más mínimo contraste con los hechos. Hay que reformarlas porque las Administraciones han crecido de una forma desordenada al calor de los intereses partidistas, porque son excesivas en lugares en donde deberían reducirse y mínimas en otros donde tendrían que crecer, porque existen duplicidades innecesarias y procesos administrativos manifiestamente mejorables y porque, en fin, hemos construido un sistema autonómico sin que nadie se haya puesto a pensar en serio cómo debe traducirse ese inmenso cambio en el funcionamiento global de las Administraciones públicas.
Esa reflexión, que está por hacer, debería ser el primer paso de cualquier cambio que no se limite a ser un simple parche.