La superabundancia de infracciones de tráfico en centros urbanos, junto a la facilidad de formular denuncias y de deducir sanciones, conforman una generosa fuente de ingresos.
Es claro que faltan espacios urbanos suficientes para albergar gratuitamente la demasía de automóviles. El medio para evitar estacionamientos antirreglamentarios es la utilización de espacios que vinculan a pagos, como aparcamientos específicos o calles ORA. La indolencia y razones de comodidad o economía explican la infinitud de infracciones. Y es que, además, las áreas físicas que demandaría la guarda de automóviles, como servicio público gratuito, se dedican a fines de rentabilidad.
En otro orden, desde la perspectiva legal, cambios fundamentales del procedimiento sancionador, de cuestionable juridicidad, facilitan hasta el extremo la imposición de denuncias; de un lado, no es preceptivo que aquellas se diligencien en el acto mismo de la presunta infracción, al haberse establecido que puedan notificarse a posteriori; de otro lado, sirve que bajo el precio de «paga y calla», se acepten por el infractor descuentos en el importe de la multa a condición de renunciar al derecho de defensa. Así de sencillo.