De ser España una democracia normalizada, este artículo se titularía «el debate sobre la despenalización del aborto», pues en un tema que afecta a las creencias de la sociedad y a la trágica situación de miles de mujeres y familias, lo que todos tenemos derecho a esperar de los políticos es un debate respetuoso y no un gresca formidable en la que no se escuchan argumentos sino insultos.
El aborto fue despenalizado parcialmente en 1985 (en ningún lugar lo está sin límites) en tres supuestos: embarazo consecuencia de una violación (con un máximo de 14 semanas de gestación), malformaciones en el feto (22 semanas) y riesgo para la vida física o psíquica de la madre (sin límite de tiempo). Esta última previsión abría una vía de fraude que pronto se hizo realidad, convirtiendo nuestra legislación en una de las más permisivas: pues el peligro psíquico o para la vida de la madre dio lugar a un sistema de aborto libre, de hecho, y sin límite de tiempo.
El cambio del 2010 estableció un sistema que permitía el aborto según la voluntad de la gestante dentro de las 14 semanas y en otros dos supuestos: riesgo para la vida o la salud de la embarazada o riesgo de graves anomalías en el feto, dentro de las veintidós semanas; y anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad grave e incurable en el feto, sin límite temporal.
El sistema del 2010, más respetuoso con la voluntad de las mujeres en un trágico trance de su vida, no significó, vista la práctica del de 1985, una extensión de la libertad para abortar. Es más, de haberse acabado, lo que no sucedió, con la fraudulenta práctica anterior -ampliamente criticada- esa libertad habría disminuido. Con la ley de 1985 los abortos aumentaron en 10.000 entre el 2005 y el 2006 y en 11.000 entre el 2006 y el 2007, mientras que con el cambio legal de marzo del 2010, entre ese año y el 2011 el aumento fue de 5.000, y ello en un contexto de grave crisis económica.
Por eso es incomprensible que esté pensando el Gobierno en eliminar el aborto eugenésico (malformaciones en el feto), lo que, aceptado el principio de la posibilidad de interrumpir la gestación en ciertos casos, supone un dislate, y no se establezca la única medida legal indispensable: distinguir con claridad entre el riesgo para la vida física y psíquica de la madre, acercando en el segundo supuesto el plazo para abortar al general de 14 meses en que las mujeres deciden sin alegación de causa.
En realidad, la batalla a la que asistimos es pura demagogia, pues muy pocos dicen la verdad. Se puede aceptar o no la interrupción del embarazo, pues estamos ante uno de los más serios casos de conciencia que cabe imaginar. Pero lo impresentable es jugar, por los votos, con las creencias de todos y con el drama que se plantea a la inmensa mayoría de las mujeres que deciden abortar.