La fiscalidad es relevante porque reflexiona sobre los ingresos y gastos públicos. A través de las políticas fiscales se determina la cuantía de los ingresos, la justicia de su distribución, los estímulos y desincentivos que generan en la economía, así como el destino de los mismos. Pero esto es la teoría. La realidad es distinta, distante, demoledora. Como un círculo de hierro que asfixia y destruye. Veamos.
En nuestro sistema tributario -inspirado en el concepto de renta extensiva y en principios básicos de rango constitucional- la imposición sobre la renta (IRPF) y sobre el consumo (IVA + impuestos especiales), representa hoy el 85 % de los ingresos tributarios del Estado, sin considerar las cotizaciones sociales. En el ejercicio 2010, las cifras proporcionadas por la Agencia Tributaria son las siguientes: a) los salarios de los trabajadores son el 46 % de las rentas totales del PIB, pero el 92 % de los ingresos totales del IRPF; b) como gran parte de los asalariados apenas tienen ahorro, casi toda su renta se destina al consumo y este se grava de nuevo por el IVA e impuestos especiales (hidrocarburos, tabaco, electricidad, etcétera); c) o sea, el 85 % de los impuestos estatales (IRPF, IVA e IE), recaen en gran medida sobre los trabajadores; d) la desfiscalización creciente de rentas y ganancias del capital (por tipos reducidos, beneficios fiscales y fraude) se justifica por razones de eficiencia, pero se ignoran las desvergüenzas del paraíso; e) en el 2010, el impuesto de sociedades aportó el 10 % de los tributos del Estado; f) las cotizaciones sociales gravan el 36 % del salario (cuota empresarial 30 %; cuota del trabajador 6 %), pero interesa subrayar que gran parte de la cuota empresarial también la soportan los trabajadores vía reducción de salarios. Lo confirma la investigación aplicada; g) en resumen, el patrón distributivo de las cargas fiscales es en nuestro país un escándalo.
Pero aún hay más. Los 240.000 millones de euros que se estiman sumergidos y al margen de la hacienda pública española son dinero integrado ya en los mercados financieros. Y tienen banco, fondos y agencias calificadoras. Y exigen a los Gobiernos con déficit excesivo que ajusten sus presupuestos y cambien las normas constitucionales. Los costes de la deuda pública son ya el concepto presupuestario más elevado. El circuito es diabólico. El dinero defraudado al Estado, origen del déficit y del empobrecimiento social, se presta después a ese Estado para que su Gobierno proclame con orgullo que él tiene la confianza de los mercados y puede financiar sus deudas. La perversión se escenifica en dos actos: primero se amasan las fortunas con los intereses de la deuda; después se bendice el comportamiento con la amnistía fiscal. Y así se cierra este círculo de hierro.