Casi trescientas mil viviendas vacías en Galicia. El INE hizo públicos los datos de casas y pisos desocupados el mismo día que en el Congreso se aprobó el inicio de la tramitación de la ley de los desahucios. Un trámite que, al margen de las profundas discrepancias que genera entre los grupos políticos, pone de manifiesto la gravedad de una de las expresiones más dramáticas de la crisis: la carencia que padece mucha gente de un espacio digno para habitar.
El artículo 47 de la Constitución es claro y expreso: todos los ciudadanos tenemos derecho a una vivienda «digna y adecuada». Y por mucho que la realidad se empeñe en desmentirlo, no se queda en una declaración formal, sino que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y a dictar las normas legales que lo hagan posible. Explícitamente habla la Carta Magna de la obligación de regular los usos del suelo para impedir la especulación y hacer posible el derecho universal a disfrutar de un techo digno y adecuado.
La pérdida de población y el progresivo abandono de los centros urbanos de ciudades y villas explican solo en parte las cifras del INE. La causa profunda del desorbitado incremento del parque de viviendas vacías entre los años 2001 y 2011 está en un mórbido modelo de crecimiento económico y también en el escandaloso incumplimiento por parte de los poderes públicos del artículo 47 de la Constitución. Fracasado el modelo que nos llevó al desastre y arruinado el crédito del Estado como garante de al menos un derecho constitucional, decenas de familias volverán a ser desahuciadas hoy mismo mientras dos de cada diez viviendas están vacías.