El decreto de expropiación de pisos de Andalucía me tiene fascinado. Tal como lo presentaron el martes y se publicó el miércoles, parecía que asistíamos al nacimiento de la Caba, Comunidad Autónoma Bolivariana Andaluza. Algunos llegamos a imaginarnos a Griñán por las calles de Sevilla, al estilo Hugo Chávez, mirando casas de desahuciados y dando la orden expeditiva de «exprópiese», que pasará a la historia del chavismo bananero.
A continuación se produjeron las escenas habituales de nuestra gran clase política. Apareció Rubalcaba y aprovechó para hacer oposición: esto es la prueba de que el Gobierno puede hacer mucho más contra los desahucios. Apareció el Gobierno en forma de Gallardón y dijo lo que dicen los gobernantes sorprendidos: esto plantea dudas jurídicas que habrá que estudiar. La izquierda se puso a aplaudir esta soñada victoria sobre la banca. Y la prensa, como en los toros: a un lado, quienes dijeron que esto era el fruto de la coalición del PSOE con IU, con lo cual es condenable de oficio; al otro, los fervorosos cantaron el himno de la justicia social. A la consejera de Vivienda de Andalucía le empezaron a llamar «consejera escrache».
Después vinieron los matices: bueno, habrá expropiaciones, pero temporales; se multará a quien tenga una vivienda vacía, pero si es una empresa; la medida solo se aplicará a casos de riesgo de exclusión social, y se puso a funcionar la memoria histórica: el Gobierno andaluz también prometió ascensores en todas las casas, Internet gratis, habitación individual en los hospitales y la maravilla de las maravillas: vacaciones pagadas para las amas de casa. ¿Se hizo algo de eso? ¿No? Pues lo mismo ocurrirá con el decreto más social de vivienda que se hizo bajo el sol.
A mí, después de ver el decreto, solo me sale una anotación: ¡qué ganas tienen de complicar las cosas! Para ampliar un año más los dos años en que ya no se puede hacer un desahucio, se inventan una expropiación, con los líos que supone. Para habitar el piso expropiado, el beneficiado tiene que presentar tal cantidad de papeles que puede pasar los tres años reuniéndolos. Y para multar a los dueños de pisos vacíos, habrá que montar un ingente aparato inspector de un millón de viviendas que investigue si llevan seis meses así, si son segundas residencias, si están para alquilar o no se venden por el puñetero mercado. Todo tan lioso, que parece un monumento a la burocracia. Si sale bien, será por un milagro de la Macarena.
¡Con lo fácil que sería decir simplemente: se amplía un año la prohibición de efectuar un desahucio en casos de exclusión social! Pero hay que complicarlo todo y ponerle el nombre rimbombante de expropiación. Así parece que gobiernan mejor.