Quizá desde la transición política no ha atravesado nuestro país una crisis económica y política comparable en su gravedad a la que hoy atenaza a España entera.
Sobre la crisis económica, los aterradores datos hablan por sí solos: cinco o seis millones de parados, según cual sea la fuente que se tome como referencia a ese respecto; decenas de miles de pequeñas y medianas empresas destruidas; sociedades comercial y tecnológicamente punteras en concurso de acreedores; cajas de ahorros nacionalizadas para proteger a sus depositantes; sectores productivos enteros prácticamente destruidos; un endeudamiento público y privado galopante, rebajas salariales en los sectores público y privado. Y, como resultado de todo ello, un ajuste draconiano, que empezó a mediados del 2010 -gobernando Zapatero- y que, continuado por Rajoy, nadie es capaz de prever por el momento cuándo acabará.
Por si todo ello fuera poco, a esa desastrosa situación económica se une una crisis política que, como la lava de un volcán, va calcinando a su paso todo lo que toca: los partidos y las organizaciones empresariales y sindicales; el poder judicial y de forma especial su consejo de gobierno; el Parlamento como representación de la ciudadanía, puesto en entredicho por quienes creen defender una democracia directa, que es directa pero no es en absoluto democrática; el Tribunal Constitucional; las comunidades autónomas; y, ya últimamente, la Corona. En grados distintos, y por motivos no siempre coincidentes, la práctica totalidad de las instituciones estatales están tocadas del ala y algunas de ellas al borde de estrellarse contra el suelo.
¿Cabe imaginar una situación más indicada para que las grandes fuerzas del país, de forma muy especial sus partidos y, sobre todo el PP y el PSOE, que además de representar a la inmensa mayoría comparten el consenso fundamental sobre el que está construido nuestro sistema económico y político (economía social de mercado, parlamentarismo, democracia representativa, Estado social, monarquía parlamentaria, sistema autonómico) cierren un gran pacto para sacar a España de la crisis y mejorar el funcionamiento y, por tanto, el prestigio social de nuestras instituciones democráticas?
Sencillamente no: es imposible encontrarse en una situación más necesitada de grandes acuerdos transversales. Y es imposible tener una clase política más irresponsable y egoísta, que ha decidido pelear no sobre el campo limpio de la competencia democrática, sino en un terreno enlodado por las mentiras, los juegos de ventaja y la basura. No es por ello de extrañar que el debate democrático vaya desapareciendo de nuestro régimen político y que emerja poco a poco en su lugar una crónica judicial que empieza a ser ya principio y fin de toda la vida pública española.