Hay que reconocer que los políticos catalanes son imaginativos. En pocos meses aportaron al arte de dimitir más variedades que todas las generaciones anteriores con un objetivo también original: quedarse en sus puestos mientras dicen que se van. Primero fue un alcalde que dijo que se apartaba «unos centímetros» de la alcaldía. Después apareció otro que se apartaba provisionalmente. Por último, don Oriol Pujol, secretario general de Convergència Democrática de Cataluña, inventó el formato de la delegación: ha delegado ese cargo. Y lo curioso ha sido comprobar ayer cómo gran parte de los medios informativos entendieron que efectivamente dimitía.
Premio, por tanto, al ingenio y a la colocación de mensaje. En lo que ha sido menos original el señor Pujol ha sido en su otra decisión: la de seguir como diputado en el Parlamento catalán. En eso hizo lo que todos: proclamar su inocencia y seguir en el escaño, a pesar de que el tribunal le atribuye tráfico de influencias y haber utilizado su poder para obtener beneficio económico. Ahí se repite la historia. Unos dicen que lo hace para que lo juzgue el Tribunal Superior de Justicia, donde tiene amigos, y otros porque no quiere que falte su voto y su influencia en los tramos legislativos que faltan en el proceso de secesión.
Yo no tengo argumentos para juzgar su intención, con lo cual me abstengo. Únicamente digo que esto de las dimisiones de cargos públicos imputados se está convirtiendo en una feria que escandaliza a la gente. Se pide la dimisión o se rechaza según la proximidad ideológica o la relación de amistad. Cuando el imputado es del propio partido, nunca tiene por qué renunciar al puesto. Cuando es del partido contrario, si se retrasa un minuto en marcharse ya está cometiendo una inmoralidad. Y así se crea una imagen de servidores públicos aferrados al cargo, de país donde no dimite nadie, de casta que se apoya frente a la ejemplaridad que se exige y de impunidad ante la corrupción.
Es un problema serio. Ahora que hablan tanto de buscar un pacto contra la corrupción, propongo a los dirigentes de los partidos que se sienten media hora y elaboren un criterio mínimo sobre cuándo se debe dimitir: en el momento de la imputación, cuando comience el juicio oral o cuando haya sentencia, porque el imputado puede resultar inocente. Al mismo tiempo, que establezcan una especie de baremo de la gravedad de los hechos o acusaciones. No es lo mismo el caso del diputado Cervera, que es pillado por la Guardia Civil recogiendo un sobre, que el de otra persona cuyo presunto delito tiene que ser probado. No creo que sea tan difícil establecer ese criterio. Como en todo, solo hace falta voluntad. Y ya la empieza a exigir este país.