Algo debía chirriar en la ley que regula los desahucios cuando el Gobierno promovió un código de buenas prácticas que los bancos podían, o no, suscribir. Como si diésemos por hecho que las buenas prácticas en la relación entre prestamistas y prestatarios fuese solo una presunción. Y debía serlo, porque, de lo contrario, para qué hacía falta tal documento, que, en definitiva, es papel mojado si se confronta con las cláusulas de los contratos. Y el caso es que los mecanismos que regulan en España los procesos de desahucio son, a juicio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, abusivos para los consumidores y vulneran las leyes comunitarias. Ya podemos guardar el compromiso de buenas prácticas donde nos quepa, porque ahora lo que toca es hacer reformas legislativas para que los jueces puedan proteger a los ciudadanos frente a los bancos en determinados casos de ejecuciones hipotecarias.
Ha tenido que sacudirnos una crisis espantosa y producirse casos dramáticos como consecuencia de órdenes de desalojo de viviendas para que sea Europa la que salga al rescate de consumidores atropellados por la letra pequeña. Sucede con las hipotecas, pero podríamos estar hablando de las preferentes, cuya letra no solo es pequeña sino incomprensible para una inmensa mayoría de suscriptores que no tenían ningún afán especulativo.
Todo parece consecuencia de un modelo en el que la equidad en las relaciones mercantiles es una quimera. Y de un crecimiento económico insano. Pero es lamentable que sucesivos Gobiernos hayan demorado la reforma de normas que ya se ve a quién no perjudican.