De manera periódica se reaviva la polémica sobre cómo nuestra sociedad democrática, occidental, de tradición y cultura católica -ahora aconfesional- debe afrontar culturas, religiones y costumbres ajenas. El desconocimiento y la vocación de tolerancia nos hacen defender cuestiones que atentan contra derechos humanos supremos frente a conceptos ambiguos, tergiversados y manipulados.
Puede que el Ayuntamiento de Lleida se haya sobrepasado en sus competencias y en claro choque con la legislación vigente, pero la sentencia del Tribunal Supremo que alega que prohibir el uso del velo integral en lugares públicos atenta con la libertad religiosa pone de relieve el problema que la falta de una regulación estatal o europea crea en la sociedad, así como el desconocimiento de lo que es o no un precepto religioso musulmán: en ningún versículo de ninguna sura del Corán se establece que la mujer deba ir cubierta por un velo, tan solo se estipula que hombres y mujeres deben vestirse de manera decente.
El velo musulmán y, sobre todo, el integral, el burka o el niqab, es la manifestación más clara de un sistema patriarcal, machista y discriminatorio. La mujer, portadora del honor de la familia y garante de la consanguinidad de la prole, es así «aislada» para evitar que se mancille la reputación de sus parientes. Si fuera un símbolo religioso no se obligaría a las mujeres no musulmanas a taparse en Arabia Saudí o Irán. La mujer es forzada a cubrirse no en lugares de culto, sino en todas partes por ser mujer, no por ser musulmana, y eso, no es libertad religiosa sino, discriminación y atenta contra derechos supremos: la igualdad y la dignidad de la persona.