Los jueces y fiscales que hacen campaña contra el paquete legislativo de Gallardón han acusado al ministro de buscar la impunidad de los políticos, crítica que, expresada de otro modo, también mantiene el Consejo General del Poder Judicial. Esa falta de castigo que ahora se argumenta es un plus con el que cuentan hace décadas nuestros alcaldes; exactamente desde que se redujo de hecho el papel fiscalizador de los cuerpos nacionales de secretarios e interventores.
La situación ha cambiado. Tenemos un ejemplo evidente en las manifestaciones que han hecho el secretario y un antiguo interventor en la instrucción judicial de que es protagonista José Luis Baltar, los cuales han manifestado que el expresidente de la Diputación de Ourense no les informó previamente de su decisión de contratar a un elevado número de personal temporal. Si esto hubiera ocurrido cuando los citados cuerpos tenían reconocidas unas facultades de las que hoy carecen, probablemente habría sido otro el desenlace. Los antiguos regidores temían como a la peste las tachas de ilegalidad de los en otros tiempos llamados «claveros».
En este momento en que tanto se habla de transparencia alguien desde el Gobierno debería tener el valor de desandar el camino andado. Con unos secretarios e interventores reforzados sería mucho más complicado para los políticos de este ámbito obrar con alegría con dinero ajeno. Y los propios responsables de ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones ganarían en estima de la ciudadanía.