En un país con casi 6 millones de parados, las recientes y continuas informaciones sobre presunta corrupción y despilfarro de recursos públicos en representantes y partidos políticos, en la familia real, en directivos de organizaciones empresariales y en miembros de la judicatura, el volumen de economía sumergida y de fraude, las bochornosas amnistías fiscales, la desvergüenza de banqueros cobrando indemnizaciones de escándalo en entidades intervenidas, las deudas de los clubes de futbol o el fraude de las preferentes crean alarma social y la sensación de que nuestra democracia está enferma y de que los culpables se marchan de rositas. Fruto de esta situación, el barómetro del CIS sitúa «los políticos en general, los partidos y la política» seguidos de «la corrupción y el fraude» como el tercer y el cuarto problemas más importantes de España, tras el paro y los de índole económica. Así, no debería sorprender que algunos ciudadanos se manifiesten al grito de «no nos representan», que se incremente la abstención o que cale la idea de que sobran representantes públicos y que nuestro sistema democrático está gravemente herido.
Ante la enfermedad de nuestra democracia, falla la medicina preventiva, el diagnóstico y el tratamiento. La tibieza en la respuesta de los partidos a la hora de exigir ejemplaridad y honestidad a cuantos se dedican a la noble tarea de la política ha permitido extender la idea de que estamos ante una epidemia de la que nadie ni nada se libra. Sensación que se incrementa cuando el argumento ante un nuevo escándalo es «y tú más».
Desafortunadamente, podría parecer que algunas direcciones políticas han olvidado que su objetivo es la transformación y mejora de la sociedad y han priorizado los proyectos personales, la colocación de fieles, la burocratización del aparato del partido con el fin de perpetuar a la propia dirección e incluso han tejido una presunta red de corruptelas y financiación ilegal.
El momento económico y político exige conductas intachables ante ciudadanos que sufren en primera persona el paro y el recorte de nuestro estado del bienestar. Para devolver la salud al sistema no llegan paños calientes, se necesita despejar las dudas sobre los intereses que mueven la política. El mejor tratamiento para evitar la propagación de esta enfermedad debería ser dar la cara, reconocer fallos y depurar responsabilidades en el menor tiempo posible y exigir honestidad, trabajo y talento al que ostenta un cargo público.
Además, serían necesarias diferentes medidas de transparencia y control para mejorar la credibilidad de la política. En esta línea, parece necesario exigir la restitución de las rentas percibidas de forma fraudulenta. Corresponsabilizar a las direcciones de los partidos de las irregularidades conocidas y consentidas. Fiscalización rigurosa y ágil por parte del Tribunal de Cuentas, así como realización y divulgación de auditorías externas de las cuentas de los partidos que permitan comprobar el grado de cobertura de los gastos reales con los ingresos declarados. Transparentar las retribuciones y complementos de todos los representantes de los partidos políticos. Informar, detallada y periódicamente, de los presuntos casos de corrupción y de las acciones emprendidas para su corrección. Eliminar privilegios que alejan a representantes y representados. Limitar mandatos y promover listas abiertas. Y es imprescindible exigir profesionalidad, independencia y responsabilidad a quien investiga y juzga los fallos del sistema, al poder judicial, para despejar cualquier duda razonable sobre las motivaciones que dirigen sus decisiones.
Muchos demócratas no nos resignamos a que los recortes en nuestro sistema de salud dejen en manos de intereses privados o de cuatro iluminados nuestra democracia, ni con el argumento falaz de que es más barata ni más eficiente. Tampoco podemos consentir que el aumento de las listas de espera haga que la enfermedad se expanda, porque por el camino miles de ciudadanos desencantados pueden dejar de creer y de defender la democracia. Una buena parte de la sociedad reclama medidas y acuerdos que permitan recuperar la salud general de nuestro país. Solo lo lograremos, con una respuesta económica de impulso frente a la crisis y un justo reparto de costes, una actuación común y contundente frente a la corrupción y regeneración democrática. Para poder promover un acuerdo cada partido debe comenzar trasladando a la sociedad lo que propone. La sana competencia por ver quién da más, ofreciendo más y mejor control frente a la corrupción y más garantías de honestidad, nos podría hacer ganar a todos.