El españolito de a pie está sorprendido de que en la documentación cursada por el Gobierno al Tribunal Constitucional para eliminar el euro por receta -como se sabe, aceptado para tramitar por esta institución- figure como uno de los argumentos evitar la ruptura entre la igualdad de los españoles. Más allá de los casi seis millones de ciudadanos en paro, pocos debe haber que no sean conscientes de que no existe tal igualdad en infinidad de aspectos, desde los impuestos especialmente a la sanidad. La armonización de las comunidades autónomas, que es un clamor en algunos sectores, dista de ser realidad. Ahí está el cierre de urgencias nocturnas en Castilla-La Mancha, vistosamente suspendido por el Tribunal Superior de Justicia de aquella comunidad. Pero cabría poner otros muchos ejemplos.
Que no somos iguales parece demostrarlo un indulto del Gobierno por el que se ha librado de 13 años de cárcel a un kamikaze que causó una muerte en accidente de tráfico; se da la circunstancia -que no me considero legitimado para considerar la causa de la decisión- de que pertenece a una familia conocida y bien situada. Hasta el ministro del Interior ha hecho pública su extrañeza, por mucho que el Gobierno no está obligado, hoy por hoy, a justificar un indulto.
Como tantas veces, las desigualdades no se producen solo por decisiones del Gobierno. He visto en una televisión a un buen número de parados que han declarado a cara descubierta hacer compatible la percepción de ayudas oficiales con la práctica de la economía sumergida. Y acabamos de enterarnos no sin sorpresa de que el año pasado 30.000 personas cobraron ayudas a la dependencia con documentación de otros tantos españoles fallecidos. ¿Qué control se ejerció de los beneficiarios en estos casos?