En tiempos de descrédito de los políticos celebremos que la Generalitat haya creado el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) para cumplir la directiva europea sobre garantías en la adjudicación de contratos en la Administración pública, organismo unipersonal e independiente, poniendo al frente a un funcionario por oposición, sin libre designación. El OARCC está de actualidad, pues ha paralizado la mayor privatización del sector público realizada por el Gobierno catalán, la de Aguas del Ter-Llobregat.
Si de los funcionarios dependiera no parece probable que la desaparición de la selectividad de la reforma educativa del ministro Wert se abordara como él pretende: que cada facultad o universidad establezca sus propias pruebas selectivas. Con razón se asustan los rectores, pero más debiéramos hacerlo los ciudadanos, pues si tamaño dislate se perpetra disminuirán las opciones para elegir estudios, sobre todo de quienes viven en algunas comunidades y carezcan de dinero para recorrer la geografía española para hacer pruebas ad hoc en cada localidad, haciendo de la tan cacareada españolización absurdo localismo. Excesos del liberalismo o de intereses espurios.
Tampoco parece probable que si por los funcionarios fuera nos diéramos de bruces con una sabida carencia de especialistas médicos en el Sergas, provocada por la jubilación obligatoria y obligada -decidida el pasado julio- de casi todos cuantos han cumplido los sesenta y cinco años, para llegar a enero descubriendo el anunciado déficit. Que los datos no se estudian ni trabajan es un hecho político, pero que el error de gestión y planificación se detecte luego de ejecutar la decisión, estremece. Pues la prohibición de reponer plazas de empleados públicos, limitada al diez por ciento, viene de antes, para alivio de los responsables de Hacienda y padecimiento de ciudadanos. Pan para hoy y hambre en el mañana, o negocio privado.
También parece que si de los funcionarios del Banco de España dependiera el desaguisado financiero quizá sería menor.
Rato no es funcionario, por ello puede sacar provecho ahora de lo que hizo siendo vicepresidente del Gobierno. Si entonces, para mejorar la competencia y abaratar (sic) costes de determinados servicios estratégicos, privatizó sin empacho Telefónica, Repsol o Endesa, ahora puede ser recompensado y contratado como consejero asesor por un salario habitual de doscientos mil euros por una de la empresas públicas que él privatizó. Alegría para el pobre.
Otros, incluso funcionarios, luchan con denuedo por tener más de un sueldo público, o por colocarse, ellos y sus próximos, en sinecuras varias de las empresas privatizadas o de organismos del Gobierno. Mientras predican en contra de lo público, lo desmochan, lo hacen ineficiente y lo desprofesionalizan. Insaciables.