Por si no fuese suficiente que los políticos vengan apareciendo en los barómetros del CIS entre los tres principales problemas de los españoles, solo por detrás del paro y la situación económica, en el del pasado mes de diciembre la corrupción asciende hasta el cuarto lugar. Que los ciudadanos sitúen a sus propios representantes entre sus mayores quebraderos de cabeza dibuja una situación tan paradójica como preocupante.
Más de la mitad de los encuestados creen que la situación económica es mala, peor que la de hace un año y que aún empeorará en los próximos doce meses. Desoladora radiografía de un pueblo deprimido por el panorama que le dibujan quienes deberían estar proponiendo soluciones, pero no ofrecen otras que ir vaciando en sucesivos ataques los depauperados bolsillos de trabajadores y pequeños empresarios.
En ese mismo barómetro, los ciudadanos señalan que la lucha contra el paro debe ser el primer objetivo, pero el segundo combatir la corrupción, por delante incluso de mantener la calidad de los servicios públicos y de mejorar la tan cacareada competitividad de nuestra economía.
Los mensajes son cada vez más altos y más claros. Por ahora, aún no se han roto los puentes y los votantes siguen respaldando al sistema cada vez que son llamados a las urnas. Pero si los principales partidos siguen empeñándose en minimizar sus propias miserias y poner la lupa sobre las del rival sin emprender el urgente saneamiento integral que la sociedad les está demandando, la dimensión de la crisis institucional puede dejar pequeña a la de la economía, cuyos causantes, dicho sea de paso, son en gran parte los mismos.