Mariano Rajoy y los ministros continúan su navegación con rumbo fijo. Todos ponen voluntad, pero sus particulares decisiones enfadan a sirios y troyanos. A ellos les hubiera encantado ajustar las pensiones a la inflación, pero reconocen que no contaron bien el dinero disponible. Habían jurado por activa y por pasiva actualizar las pensiones, pero un error financiero les jugó una mala pasada. Y por ese minúsculo desliz, los grupos parlamentarios de la oposición les llaman otra vez mentirosos y recurren al Tribunal Constitucional. Además, el ministro Wert consigue a la brava que la Cataluña plural tenga una sola e irritada voz. El ministro Gallardón logra que jueces, fiscales, abogados y trabajadores del sector expresen con dureza sus desacuerdos, ignorando el ministro en su réplica el código de buenas prácticas que la gobernanza actual exige. Médicos, enfermeros y demás trabajadores de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid son ya resistencia rocosa, ante los balbuceos del presidente González y el silencio elocuente de la ministra Mato. Y si a todo ello le añadimos que la ministra Báñez casi nunca tiene su día, que el ministro Montoro riñe a medios de comunicación que le critican y que la Unión Europea suspende al ministro De Guindos, el horizonte que nos espera no propicia la felicidad.
Pero el ministro Montoro es persona tenaz. Después del desaguisado que provocó con la amnistía fiscal, sorprende ahora con la propuesta de elaborar y publicitar un listado con los mayores defraudadores y morosos de la Hacienda Pública. La contradicción es evidente, y por eso las resistencias serán múltiples y poderosas. Estamos ante un asunto sensible que regula con prudencia la legislación tributaria, pero que requiere también comportamientos firmes para equilibrar costes y sacrificios sociales. Por eso seguiremos con atención las turbulencias que se avecinan. Combatir en serio el fraude tributario es una obligación moral no fácil para todos los gobiernos democráticos.
Porque el fraude fiscal es comportamiento perverso e insolidario que traslada su carga a los contribuyentes honrados. Hay que repetirlo muchas veces para que no se olvide. Hasta ahora sufrimos aumentos impositivos y reducciones en el gasto (ajustes presupuestarios) porque el fraude tributario estimado en España se aproxima a los los 80.000 millones de euros. Si ese fraude fuera la mitad, se evitarían prácticamente los sufrimientos padecidos por gran parte de la población (niños, ancianos, parados, enfermos?). Y es que cuando la austeridad social es obligada por ser entendida, su corrección exige siempre una justa distribución de sacrificios y penas. Y esa justicia distributiva solo se hace efectiva cuando la tolerancia del Gobierno con el fraude fiscal es cero.