El consejero de Sanidad del Gobierno de Madrid, en un alarde intelectual sin precedentes, ha declarado que el millón de firmantes en contra de su proyecto para la sanidad madrileña tienen intereses en la cuestión. Su experiencia en el sector es nula, pero defiende a capa y espada la privatización de la gestión sanitaria y no está dispuesto a ceder a «intereses ocultos». Es obvio que los trabajadores sanitarios y los ciudadanos tenemos intereses en la cuestión, básicamente evitar el desmantelamiento del sistema sanitario público; esto al consejero le parece mal. Sin embargo, este señor no ve nada raro en que empresas hasta hace poco bien posicionadas en sectores especulativos, como banca e inmobiliaria, sin ninguna experiencia en el sector sanitario, repentinamente hayan sentido la llamada de mejorar la salud de los ciudadanos.
Fomento de Construcciones y Contratas, Cajamadrid, Sacyr, Dragados, Acciona, CVC Capital Partners, Hispánica y Begar; no se trata del Ibex 35, son los propietarios de los hospitales «públicos» de la Comunidad de Madrid. Si los datos publicados por la Administración madrileña son ciertos, estas empresas ya han recibido en pagos anuales los más de 800 millones de euros por construir los hospitales, aunque el alquiler se abonará hasta el año 2037.
Según un informe basado en los presupuestos de la comunidad, la cama de un hospital de gestión privada cuesta 1.660 euros al día, pero si es de gestión pública cuesta 955 euros, un 74 % más barata. El coste por persona y año es de 675 euros en la privada frente a 664 en la pública. Cerca de 500 millones de euros en el 2013 van a las empresas que gestionan la sanidad privada madrileña.
Un prestigioso médico, clínico e investigador, antes de comenzar su intervención en una reunión científica, explicitó el «conflicto de intereses», algo que empieza a ser obligado en algunos ámbitos científicos. Señaló qué fondos había recibido para su investigación y con qué laboratorios había colaborado, para que los asistentes pudieran valorarlo. Acto seguido, pidió que quienes hoy tratan de privatizar la sanidad madrileña hagan públicos, también, sus conflictos de intereses.
No se trata de que no pueda haber intercambios de gestores entre el sector público y privado. Se trata de entregar sectores de lo público a gestores con intereses en la privatización, y aquí sí existe conflicto de intereses. Tal vez la mejor forma de abordarlos sea valorar las opiniones de personas cuyas actuaciones no están determinadas por intereses personales, como el médico citado, y no las de un consejero cuyo conocimiento del tema se limita, al parecer, al botiquín de FAES.