Se consumó el engaño. Después de meses de vaguedades, de medias verdades, de mentiras a medias, el Gobierno de Mariano Rajoy deja a los cerca de 9 millones de pensionistas sin la actualización de sus pensiones. De nada sirve el compromiso electoral, de nada su discurso de investidura o sus recientes declaraciones en las campañas electorales de Galicia y Cataluña. De nada sirve que exista una norma con rango de ley, la Ley General de la Seguridad Social, que en su artículo 48 garantiza la revalorización automática de las pensiones según las desviaciones del IPC.
El tijeretazo a las pensiones es inadmisible porque, hay que decirlo claro, las pensiones en España, y en Galicia más, son muy bajas. En el Estado hay, a septiembre de este año, 8.942.280 pensionistas que cobran de media 832,46 euros brutos al mes. Y los 733.800 pensionistas gallegos cobran todavía menos, tan solo 698,63 euros brutos mensuales.
Es de estos importes de lo que estamos hablando, de cifras que en valores medios colocan a los pensionistas, en su conjunto, muy cerca del umbral de pobreza que el Instituto Nacional de Estadística sitúa en 627 euros mes por persona del hogar, cifra que define el umbral al estar estas rentas por debajo del 60 % de la media, siguiendo los criterios de la Unión Europea.
El Gobierno hace demagogia cuando habla de pensionistas que cobran mucho y que el criterio debe ser el de la renta y no la forma de obtenerla. Porque en España el numero de pensionistas con rentas altas es anecdótico. De los 9 millones de pensionistas solo el 4 % tiene rentas superiores a la pensión máxima de 2.522 euros brutos. Por el contrario hay algo más de 6 millones, la inmensa mayoría, que cobra menos de 664 euros brutos mes. Pensionistas que, además, desde que Rajoy es el presidente, han tenido que soportar el medicamentazo pagando por las medicinas, subidas del IRPF y de otros impuestos como el IBI.
Una reducción de su renta disponible que agrava la perdida del 3 % de su poder adquisitivo por la congelación de 2011, al que se une ahora otro 2 % por la no revalorización de noviembre y que significa una reducción real muy importante de sus ya exiguas pensiones. Es cierto que la brutal crisis provocada por los especuladores financieros e inmobiliarios está provocando un destrozo en la inmensa mayoría de la sociedad. Pero también lo es que dada la baja cuantía de las pensiones no es admisible reducirlas todavía más, entre otras cosas porque son las personas más vulnerables.
En los años de la expansión económica, cuando muchos colectivos incrementaron sus ingresos de forma notable, las pensiones en España, en el caso general, crecieron tan solo lo mismo que el IPC, porque así lo decía la ley. Y sin embargo ahora que la misma norma debería servir de protección y no de límite, el Gobierno se la salta a la torera.