Coincido con los jueces gallegos en que el exceso de trabajo de los tribunales no justifica las nuevas tasas judiciales. Que el ministro Ruiz Gallardón no nos cuente la milonga de que la implantación de las estratosféricas tasas es para disuadir a la ciudadanía de acudir sin necesidad a los tribunales, y de esa forma descolapsar la Administración de Justicia. Y que no nos lo cuente por dos motivos. Primero, por ser una medida anticonstitucional, ya que el artículo 24 de nuestra Carta Magna reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva y a no sufrir indefensión, situación esta última a la que se verían abocados los que carecen de posibles. Y segundo, porque hasta el que asó la manteca sabe que estas medidas exclusivamente responden a un afán recaudatorio del Gobierno, que motiva que aquellos que acudan a los tribunales, los que puedan hacerlo, tengan que tributar doblemente por el mismo hecho. Espero, aunque escéptico soy, que todas las concentraciones y opiniones de la clase jurídica del país sirvan para que se dé marcha atrás a un proyecto que supondría impedir acceder a la Justicia a buena parte de la ciudadanía. Los agravios comparativos suponen un cáncer en cualquier democracia que se precie, por lo que se exige una intervención con carácter de urgencia.