E l juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno hizo público ayer un auto que obliga a depositar una fianza multimillonaria (concretamente de 10,5 millones de euros) a los exdirectivos de Novacaixagalicia José Luis Pego, Javier García de Paredes, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán. Además advierte que el expresidente de la entidad Julio Fernández Gayoso será responsable solidario.
La medida judicial impuesta era una de las posibilidades que se barajaban en los despachos de abogados de las partes implicadas en el proceso. Parece lógico y razonable pensar que, ante unos hechos en los que hay indicios de delito y cuya resolución se va a alargar en el tiempo, fuese de rigor tomar algún tipo de medida que garantizase que la culpa de los exdirectivos, en caso de que la haya, sea pagada al contado.
El juez explica en su auto las razones que lo llevan a requerir la fianza, y, frente a un posible recurso, advierte del riesgo que existe de que los querellados intencionadamente se coloquen en una situación de insolvencia y eviten así la devolución de la cuantía exigida.
Es más, se puede intuir que el magistrado actúa de una manera previsora y, ante la inevitable dilación del caso, advierte de que la fianza tiene que ser por la cantidad reclamada, a la que hay que sumar un tercio de la misma. En definitiva, una especie de IPC con el que se garantiza la no devaluación de lo reclamado.
Pese a lo razonable que pudiera ser la exigencia de la fianza judicial, el debate podría abrirse ahora en torno a la cuantía. Algunos podrían pensar que reclamar la cantidad multimillonaria es una especie de pena anticipada en un momento procesal muy incipiente, ya que ni tan siquiera los imputados han pasado por el momento a la categoría de procesados.
El juez Ismael Moreno tiene fama en la Audiencia Nacional de persona responsable y sensata. Resulta, por lo tanto, de recibo pensar que a la hora de dictar el auto no se habrá dejado llevar por la alarma social que han generado entre la población los casos de las indemnizaciones millonarias entre los altos ejecutivos de la banca.
El caso no ha hecho nada más que empezar y la opinión pública ya se ha encontrado con alguna que otra sorpresa que solo ha sido conocida cuando los acusados pasaron por los tribunales. Por ejemplo, en el momento en que Fernández Gayoso confesó ante el juez que él también se había cambiado la póliza de la que era beneficiario justo antes de la fusión. Aunque solo sea para conocer este tipo de detalles y la verdad de lo acontecido en las cajas gallegas, podemos pensar que vale la pena que la historia financiera de Galicia pase por la Audiencia Nacional.