Si hubiera un manual para situaciones de alarma social (yo no descarto hacerlo), tendría dos sugestivos capítulos. «Ponte al frente de la manifestación» y «Que no te tiemble la mano». El primero lo siguió la alcaldesa Ana Botella, que, guiada por su olfato político, anunció rápidamente que su Ayuntamiento se presentaría como acusación particular en la tragedia del Madrid Arena. Ese espacio es municipal y gestionado por una empresa municipal, pero hay que ponerse antes que nadie al frente de la manifestación. El segundo capítulo lo representó muy bien la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, que se puso todavía más solemne, como corresponde a su cargo, y desparramó autoridad: al Gobierno no le temblará la mano para hacer las reformas precisas para que esa tragedia no se vuelva a repetir.
Miren ustedes por dónde, el Gabinete de Rajoy se encuentra con una reforma que no había previsto, a pesar de su voluntad de ser el Gobierno más reformista de la historia. Ruiz-Gallardón está en su salsa, feliz como una perdiz, porque nuevas muertes le permiten nuevas reformas del Código Penal. No hay nada como una muerte de gran violencia para que el ministro de Justicia revise todo el ordenamiento para satisfacer a quienes piden un cambio legal. Y lo habrá: al Gobierno no le temblará la mano, salvo que el firmante del decreto sufra un ataque de párkinson.
Y yo digo: no se esfuercen en inventar regulaciones legales. Menos normas nuevas y más exigir que se cumplan las vigentes. La tragedia del Madrid Arena no ocurrió por falta de legislación. Ocurrió por lo que van desvelando los testigos, los vídeos y los hallazgos de la policía. Se pueden anotar algunas flagrantes irregularidades que hay que investigar y confirmar: puertas del recinto que no se quisieron o pudieron abrir; deficiencias de identificación que permitieron la entrada de menores; fallos de control que dejaron colar mochilas con las fatídicas bengalas; aglomeraciones de gente sin entrada que los servicios de seguridad no pudieron controlar y provocaron el atasco homicida en una puerta de tres metros de ancho; división de responsabilidades entre empresa organizadora, empresa de seguridad, empresa de control de entradas y autoridades públicas, y desconocimiento real del número de asistentes.
Todo eso está regulado y no tienen por qué apelar al temblor de las manos para redactar una nueva legislación. En lo que no tiene que temblar la mano es en hacer cumplir lo que ya existe y en castigar ejemplarmente a quien lo incumple. Porque lo único que está claro después de escuchar a los testigos y a los responsables de las empresas es que, si no se produjo una desgracia mayor, es porque no estaba de Dios. Pero se pudo producir.