España se desangra


La terrible herida del paro está provocando una enorme hemorragia económica, social y sobre todo personal en nuestro país. Una sociedad plenamente democrática no puede convivir mucho más tiempo con seis millones de desempleados. No puede sobrevivir con 1,8 millones de hogares en los que todos sus miembros están en paro. No se puede permitir que tres millones de sus ciudadanos sean parados de larga duración en riesgo de caer en la exclusión social y que más de 2,5 millones no tengan protección por desempleo.

Es un drama personal para esos seis millones de parados y de sus familias, que somos el 99 % de la sociedad. Es un absurdo despilfarro porque mantener ociosa a la cuarta parte de los trabajadores supone un brutal coste económico que es el que explica casi en su totalidad nuestros diferenciales negativos de PIB, renta o desigualdad. España es el país con el mayor problema de desempleo en todo el mundo. Pero esta tragedia no es un castigo divino.

Es la consecuencia de una economía construida sobre un proceso especulativo/inmobiliario insostenible, acumulado durante dos décadas, que cuando estalló se llevo por delante más de dos millones de empleos. Una crisis que se vio agravada por el colapso del sistema financiero, que aún no ha sido capaz de digerir el empacho inmobiliario en sus balances, lo que provoca la restricción casi extrema de financiación a empresas y familias que paraliza la actividad económica.

Una situación difícil que empeoró por las decisiones de los Gobiernos que desde mayo del 2010, para cumplir el dictado de Alemania, han sometido a las cuentas públicas a un proceso de adelgazamiento que nos ha llevado a la anorexia. Y, para acabar de rematarlo, están las dos reformas laborales, del 2011 y el 2012, que al facilitar el despido y hacerlo más barato, han provocado que en esta situación de recesión las empresas despidan cada vez a más trabajadores.

El modelo de crecimiento, el sistema financiero, la austeridad fiscal y un mercado laboral desregulado son nuestros cuatro jinetes del Apocalipsis. Y nada hay en el horizonte inmediato que permita ser optimista. Para los que toman las decisiones de política económica el drama humano, el dolor de la sociedad española, no es algo a tener en cuenta.

El control del déficit se ha convertido en una especie de principio sagrado, de dogma, que debe ser alcanzado cueste lo que cueste, aunque haya que condenar al paro a otro millón de personas. Con la crisis se ha producido una perversión indecente de las prioridades. La gente, las personas, el bienestar de la mayoría ya no es el objetivo de los que deciden, de los de arriba. Y aún hay quien dice que los de abajo tienen que aceptarlo resignadamente, que no hay motivos para la huelga general.

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