Hace más de 30 años, cuando Soraya Sáez aún era estudiante, los países de la OCDE se pusieron de acuerdo para que los futuros cambios en la Administración dejasen de hacerse con la perspectiva clásica de la reforma y se enfocasen bajo el criterio de la modernización. Y lo hacían así porque eran conscientes de que las Administraciones sufren cada año miles de reformas que en realidad no cambian nada, y porque la experiencia recogida en la mayoría de los países ya dejaba claro que los nuevos intentos de aumentar la eficiencia de los aparatos públicos debían afrontarse mediante un cambio de paradigma -de la seguridad jurídica a la eficiencia económica- que permitiese gestionar adecuadamente la función pública, adaptar el procedimiento administrativo a la cultura de la celeridad y la sencillez, y acoplar toda la gestión al empleo masivo de las nuevas tecnologías.
Desde entonces se ha avanzado mucho en algunos aspectos, de los que el más importante es la introducción de la ofimática electrónica, mientras en otros, como la gestión del personal funcionario o la renovación de los procedimientos, o no se ha avanzado nada o se ha retrocedido hacia situaciones más complejas y confusas que las anteriores. Y eso se debe a que no es posible salir de donde estamos si no se cambian a fondo, con acierto y modernidad, las leyes del procedimiento y el estatuto de la función pública, si no se desburocratizan amplios apartados de la gestión, y si no se distingue con claridad entre los funcionarios -que adoptan decisiones sensibles- y los que trabajan en sus profesiones al servicio del Estado. Lo demás es como un juego de suma cero, en el que se ponen sobre la mesa grandes propósitos y una jerga reformista altisonante que siempre se resume en más gasto, más lentitud y más burocracia.
¿Se acuerdan ustedes del lío que montó Fraga con la Administración única? ¿Recuerdan los elogios de Pujol y Aznar? Pues todo aquello se quedó en agua de borrajas, que solo sirvió para que algunos académicos cobrasen pingües emolumentos por adular al genio proponente, pero sin rascar la piel del monstruo ni siquiera con la uña. Y por eso me extraña que doña Soraya se haya largado a hablar de una reforma que «no se ha hecho nunca», y de la realización de auditorías que deberán rendir sus frutos antes de junio, cuando en realidad solo se orientan a hacer recortes en un aparato que, en la parte que subsista, seguirá siendo igual de lento e ineficiente.
El Gobierno oyó sonar campanas, pero no sabe dónde. Y todo apunta a que, acuciado por la crisis, va a perder el verdadero sentido de una modernización que no se supo abordar en tres décadas y que ahora tampoco está bien enfocada. Porque reducir la Administración a pescozones puede crear enormes incoherencias e ineficiencias que hagan peor el remedio que la enfermedad.