Por estas fechas, ya hace dos años, proponía desde estas páginas una batería de reformas para la economía española. Como quiera que el actual Gobierno se va a declarar reformista radical esta semana, me permito volver al asunto con una serie de iniciativas que tienen como único objetivo favorecer la solidez de las empresas y las rentas de los ciudadanos. Dos asuntos de los que depende, creo yo, la necesaria recuperación económica del país. Porque si todo van a ser recortes de servicios públicos y de derechos laborales no veo yo la salida del túnel.
Una reforma posible pasaría por dificultar la formación de gigantes empresariales (en la banca o la energía, por ejemplo) que ejerzan un oligopolio de hecho sobre el mercado y que, además, chantajeen al Estado con amenazas de riesgo moral (o me salvas o el caos). Favorecer fiscalmente las retribuciones a los ejecutivos basadas en la mejora de la capitalización y no hacerlo con las vinculadas a los beneficios. Impedir que puedan retirarse enriquecidos de una empresa que llevaron a la quiebra.
Para evitar el abuso de precios (bancarios, energía, comunicaciones, seguros), sería conveniente contar con una empresa con sólida participación pública (como lo fueron Argentaria, Endesa, Repsol?) en cada sector considerado esencial. Deshacer los lobbies de la tarifa eléctrica, de los carburantes y del crédito. Singularmente en los bancos hoy públicos del FROB, debiera privilegiarse la financiación a demandantes de alta rentabilidad social o a empresas de sectores prioritarios.
En lo relativo a los ingresos públicos, las cotizaciones sociales a cargo de las empresas debieran serlo en función del valor añadido y no de los salarios, mejorando así la competitividad de las más generadoras de empleo. Previo rescate de las concesiones hidroeléctricas predemocráticas, se debiera proceder a una subasta competitiva de las mismas con opción preferente para las ofertas públicas. Explorar la distribución de fármacos, del catálogo con cobertura pública, en los centros de salud. Suprimir las desgravaciones fiscales a planes privados de pensiones. Evitar, en fin, que las rentas salariales (en el IRPF) y el consumo (en el IVA) sean los costaleros del sistema fiscal español.
Supresión del nivel administrativo provincial y de los ayuntamientos con menos de cinco mil habitantes. Reforma radical del mercado del suelo y sobre las recalificaciones en los planes de ordenación urbana. Retirada de subvenciones al transporte aéreo y al mantenimiento de las líneas de alta velocidad; penalización del transporte pesado por carretera frente al ferroviario.
Lo veo improbable, pero quizás -entre tantos dislates- podría sonarle la flauta a la Comisión Europea para que el Gobierno actúe en estos asuntos.