U n pequeño recuerdo de memoria histórica: cuando echó a andar la autonomía de Madrid, alguien tuvo la idea de que los diputados no cobrasen un sueldo, sino dietas. Lo contaba ayer mismo doña Esperanza Aguirre, y fue verdad. No pagar sueldo a los diputados parecía muy progresista, muy ejemplarizante y gran muestra de austeridad, aunque Montoro todavía no era ministro. Y así se estuvo un tiempo hasta que ocurrió lo que tenía que ocurrir: empezaron las trampas, y no pagar sueldo a los políticos salía mucho más caro. Igual que el agua acaba buscando y construyendo su cauce, los diputados regionales descubrieron cómo se podía sacar más pasta y se liaron a crear comisiones para llevar más cocido a casa. Aquello parecía la organización política del trinque.
Por eso sorprende que doña Dolores de Cospedal, con esa fiebre de imponer que los demás ahorren, intente repetir la experiencia en la comunidad autónoma que gobierna, Castilla-La Mancha. No creo que la idea prospere, pero como la presidenta se empeñe lo puede conseguir: tiene mayoría absoluta y un arrojo político verdaderamente memorable. Y a mí me parece que esta obsesión por el ahorro puede ser positiva para las cuentas del reino y saludable frente a los vicios públicos, pero es capaz de generar un monstruo.
Las objeciones, con los debidos respetos a la autora de la iniciativa, pueden ser infinitas, pero quiero limitarme a dos, sin pensar siquiera en la tentación de la corruptela. La primera es que solo los más pudientes podrán dedicarse a la política. Un parado, por ejemplo, será automáticamente excluido de esa función representativa porque no podría sobrevivir. Un asalariado de jornada de ocho horas no podría dedicarse al control de un Gobierno que, en cambio, sí estaría pagado. Sería un retroceso histórico a los tiempos en que la política quedaba reservada al señorito y a las clases influyentes. Supongo que esa discriminación podría ser incluso inconstitucional.
La segunda es más peligrosa para la independencia del poder legislativo. Si las señoras y señores diputados están obligados a tener una actividad privada, ¿de qué sirven los principios de incompatibilidad, básicos para la limpieza política? Se caen por los suelos. Nunca sabremos si un diputado representa el interés de un grupo o los intereses generales. Y, al mismo tiempo, se agrandaría la confusión ya existente entre lo público y lo privado. Yo, señora De Cospedal, lo pensaría otra vez. Y yo, señor Rajoy, se lo mandaría pensar. Salvo que estemos ante algo de mayor alcance: ante el intento de acabar con los Parlamentos regionales. Primero se les quita el sueldo, después decae su función y al final se decreta su inutilidad. Es lo que empiezo a pensar.