Como diría un histórico manifiesto, un fantasma recorre España: el fantasma del rescate. No el de regiones como Cataluña, sino el del reino. Y, como buen fantasma, solo Rajoy, De Guindos, Montoro y desde ayer François Hollande pueden confirmar si existe o es producto de la imaginación y el miedo de los administrados. ¿Miedo? ¿Quién dijo miedo? Cada vez que subía la bolsa y bajaba la prima de riesgo en agosto, los sabios interpretaban que los mercados celebraban por adelantado la intervención de España. Y así se abrió camino otra fantasmagoría: multitud de ciudadanos empezaron a pensar que el rescate era cosa buena; de lo mejor que nos podía pasar, porque aliviaba la prima de riesgo. No me extrañaría que el Gobierno llegase a soñar una utopía maravillosa: que sea la sociedad la que pida el rescate.
Todo parecía así hasta que los ministros volvieron de sus vacaciones. En ese momento se descubrió la debilidad de nuestra posición: España no pide el rescate, porque desconoce las condiciones, pero tampoco lo rechaza porque puede ser inevitable. Aspira a una intervención que no lo parezca o se pueda camuflar como ayuda financiera o cualquier otro eufemismo, como se hizo con la banca. Así estamos, y todos los mensajes que llegan a la opinión son destellos de un tira y afloja de declaraciones contradictorias que no aclaran nada y desorientan todo. Ayer, el presidente francés, último en hablar, se escabulló con el fácil recurso de alegar que es responsabilidad del Gobierno español.
Yo comprendo estas dificultades de comunicación. Son tiempos para responder con un «depende». Pero esa comprensión humana no impide un reproche político: el Gobierno está al borde del oscurantismo. Impone su mayoría absoluta para rechazar todas las peticiones de información al Parlamento. Se han hecho 31 solicitudes de comparecencias, y las 31 fueron rechazadas. Basta que un partido de oposición pida una aclaración a un ministro para que el bloque conservador se cierre en banda. Creen que ceder a esa demanda sería un gesto de debilidad. Y así, la vida parlamentaria languidece, el Congreso y el Senado pierden su función de control del Ejecutivo, al ciudadano se le niegan datos para formar una opinión solvente y el Gobierno transmite la sensación de que no sabe qué hacer.
El rescate de un país es algo muy serio. Daña su prestigio externo. Perjudica a su tejido empresarial. Impone condiciones que limitan la soberanía nacional y deterioran el clima social. Creo que tenemos derecho a saber exactamente en qué situación estamos, qué se está negociando con Europa o qué podemos hacer entre todos para evitar este trance. Si se nos niega ese derecho, será difícil pedirnos después una mínima adhesión