S on estos tiempos difíciles para todos. Y también para los concellos de menor tamaño, especialmente para los del rural, alejados de las ciudades y de la costa. Los pequeños concellos del área rural de Galicia, en especial los de Lugo y Ourense, están siendo sometidos a una situación de extrema tensión, tanto financiera como política.
En lo financiero, porque una muy deficiente cultura y práctica tributaria ha hecho que el nivel de autofinanciación sea muy bajo en la gran mayoría de ellos. En los buenos tiempos esta falta de recursos propios era cubierta por las transferencias de otras administraciones, en un modelo de financiación clientelar con claros rasgos caciquiles.
En lo político, porque los recortes del gasto público han hecho tambalear este modelo abriendo la posibilidad real e inmediata de la desaparición de decenas de concellos. Una posibilidad que provoca pánico entre sus vecinos, que saben que el concello es, hoy por hoy, el principal motor social y político de sus comarcas. Por eso temen que si desaparece la institución acabe desapareciendo la propia vida en el territorio, acelerando y radicalizando el proceso de despoblación que ya sufre el interior de Galicia. Algo que ya se empieza a ver con los recortes de la Xunta en recursos para las escuelas rurales, que están poniendo en peligro el derecho de los niños a ser escolarizados en su propio ámbito.
Y a ese reto tan difícil se enfrentan sus alcaldes y alcaldesas: mantener la prestación de los servicios básicos y lograr al mismo tiempo el reequilibrio de las cuentas. Esto supone decisiones siempre difíciles sobre dónde se recorta el gasto. Sirva de ejemplo la reciente decisión del concello de O Incio, en el interior de Lugo, de apagar el alumbrado público a partir de las dos de la madrugada. La alcaldesa, que accedió al cargo en 2011, después de 24 años de gobierno de otro partido, aplicó un plan de ahorro total en gastos suntuarios. Pero eso nunca es suficiente, se empieza por la austeridad pero se acaba siempre con recortes. Lo que diferencia a unos alcaldes de otros es dónde lo hacen, la alcaldesa de O Incio decidió mantener el mayor nivel posible de servicios sociales y eligió ahorrar en consumo eléctrico. Una medida que obviamente no le gusta a nadie. Pero hace bien la alcaldesa: cuando hay que optar, lo mejor siempre es hacerlo a favor de las personas.
Pero hay algo más. La decisión de la alcaldesa de O Incio debería servir para abrir un debate necesario sobre el despilfarro energético en muchas ciudades y pueblos de Galicia y España. Además, de por razones medioambientales, las prácticas poco transparentes, por utilizar una expresión suave, de las compañías eléctricas, provoca desorbitadas facturas que tienen que soportar los ayuntamientos y otras administraciones públicas.