Escribo este artículo con un pie en el avión que me llevará a Brasil para participar en un congreso internacional sobre síndrome de Down. Es precisamente el movimiento asociativo del ámbito de la discapacidad el que lleva años denunciando que el aborto eugenésico es una clara discriminación, que vulnera la letra y el espíritu de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un texto que forma parte del ordenamiento jurídico español desde el 3 de mayo del 2008. En ese movimiento asociativo se integran personas de todas las ideologías y creencias; no son pocas, por cierto, las feministas que forman parte de él y que se oponen de una manera rotunda al aborto eugenésico, como la profesora Soledad Arnau. No es tampoco una cuestión nacional: el ámbito de la discapacidad denuncia esa discriminación a nivel global.
Se equivoca, por tanto, quien afirme que esta es una imposición de las creencias personales del ministro de Justicia. En este país se puede ser activista gay, defensor de los derechos de los animales, pro refugiados saharauis o cualquier otra cuestión. Pero cuando un católico abre la boca, ¡ya está tratando de imponer a los demás sus convicciones! Cuando lo único que ha hecho Gallardón es atender las demandas coherentes de ese importante colectivo.