Gastarse más de 17.000 euros en remodelar un despacho y un par de dependencias anexas o 24.000 en un cuadro no es ilegal, ni mucho menos. Ni empeorará de forma apreciable la muy delicada situación económica de la Diputación de Ourense.
Pero gastarse ese dinero en este momento y en un organismo que está obligado a meter la tijera en gastos realmente necesarios es claramente inoportuno y puede resultar insultante.
Que se lo pregunten a los cerca de 30.000 parados de la provincia, a las 9.500 familias ourensanas que tienen a todos sus miembros en paro, a los que han agotado las prestaciones sin encontrar empleo, a los que se enfrentan a un riesgo próximo de desahucio por no poder afrontar el pago de la hipoteca, o a los trabajadores de la propia Diputación ourensana a los que no se no les ha renovado el contrato.
Seguro que le sugerían cientos de maneras de aprovechar ese dinero de una forma mucho más útil para los habitantes de la provincia a la que dice defender y representar la Diputación.
Nadie discute a José Manuel Baltar el derecho a disponer de un despacho digno. No hay atisbo de ilegalidad ni, que se sepa, de corrupción.
Solo hay un gesto extemporáneo que muestra a otro dirigente político alejado de la dura realidad a la que se enfrentan a diario miles de convecinos suyos. La dignidad del cargo está, más que en tener un despacho más o menos lujoso, en demostrar sensibilidad suficiente para saber que un gesto pequeño en apariencia puede resultar indecente.
Mientras sigan proliferando actitudes de este tipo no se detendrá la acelerada y preocupante pérdida de credibilidad de los principales partidos políticos.