Los 5.693.100 parados, en especial los que no reciben ninguna prestación; los pensionistas obligados a abonar una parte de sus medicinas; los funcionarios que se han quedado sin una paga por arte de birlibirloque; los dependientes que no dispondrán de ayuda; los jóvenes condenados a no tener futuro; los ciudadanos cada vez más machacados por las subidas de impuestos exigen, al menos, que no les tomen el pelo ni les humillen aun más, como está sucediendo. Porque se imponen sacrificios, en muchos casos inhumanos e insoportables, a los colectivos más débiles, al tiempo que, por ejemplo, Carlos Dívar recibirá 208.000 euros de indemnización tras haber cometido la indignidad de costearse sus viajes privados a cargo del erario público, y 63 diputados cobran sin rubor alguno 1.823 euros por dietas de alojamiento a pesar de tener vivienda propia en Madrid, entre ellos el rey de la tijera Cristóbal Montoro o la campeona de la lucha contra el fraude de los trabajadores y recortadora de las prestaciones por desempleo Fátima Báñez. El monumental escándalo de las jubilaciones millonarias de los directivos que hundieron las cajas de ahorros y la pantomima de las comparecencias de la semana pasada en el Congreso sobre el desastre de Bankia y otras entidades financieras resultan sangrantes.
Mientras todas estas cosas y muchas otras que no cabrían en un periódico entero suceden y se permiten y la ejemplaridad brilla por su ausencia es lógico que aumente la indignación de la población, la desconfianza en los líderes de los dos grandes partidos y un peligroso y preocupante movimiento contra la política que va a más.