S omos muchos los que creemos que la política económica de ajustes indiscriminados no resolverá ninguno de los graves problemas de la economía española; hasta el Fondo Monetario Internacional se suma ahora a esa opinión, al recomendar a España «un proceso de consolidación fiscal menos inmediato». Pero aun poniéndonos en la posición contraria -aquella que asume que los dolorosos recortes en algún momento empezarán a dar resultado-, para que ello ocurriera tendrían que cumplirse dos condiciones inexcusables: que cuente con el soporte activo y decidido de aquellos que, como el Banco Central Europeo, la imponen; y que el Gobierno español demuestre ante la comunidad internacional que sabe bien lo que hace y hacia dónde se dirige.
Las dos condiciones se están incumpliendo gravísimamente. En cuanto a la primera, nada sabemos desde el mes de febrero de compras de deuda española por parte del BCE (único organismo que a corto plazo podría serenar a los inversores en la eurozona); y frente a lo que se pensaba la pasada semana, nada indica que lo vaya a hacer en el futuro. Respecto a la segunda condición, la actuación esperpéntica del Gobierno español desde la explosión del caso Bankia ha dilapidado su credibilidad, ya no ante los ciudadanos del país, sino ante los Gobiernos socios y los inversores internacionales. Nada bueno puede salir de la improvisación, de los cambios continuos de criterio, de la puesta en marcha de decisiones trascendentales sin que conste memoria económica, ni de la ocultación sistemática (hasta el momento mismo de publicación en el BOE) de una parte de las medidas adoptadas.
La ocultación más grave parece haber tenido éxito para quienes la perpetraron, a la vista de su desconocimiento casi total por la opinión pública. Se trata del memorando para el rescate financiero que, finalmente, se ha aprobado el viernes pasado. Aunque es el asunto más grave que concierne a la economía española en décadas, ahora mismo solo se puede leer en alemán (y un resumen en inglés), porque los Gobiernos alemán y holandés lo han hecho público. Varios Parlamentos europeos lo han aprobado ya, pero al español llegará, si llega, una vez que ya esté irreversiblemente en vigor. Pero no nos engañemos: ese tipo de prácticas, que ya parecen generalizadas, al final acaban emergiendo como señales que comprometen la credibilidad de todo un país.