Alemania y Austria imponen un copago fijo de aproximadamente 5 euros por envase o receta. Dinamarca, Finlandia y Suecia aplican una cantidad deducible inicial a cargo del paciente que puede llegar hasta 100 euros al año, con un copago porcentual para el exceso de gasto. Hay exenciones para determinados colectivos y situaciones concretas. Estos son algunos de los países más ricos de la UE y, en todo caso, están los que en la actual coyuntura económica son más exigentes con nosotros. De manera que ahora que se ha puesto en marcha en España un nuevo esquema de copagos es quizá un buen momento para reflexionar acerca de las razones por las que disfrutábamos de unas ventajas que no se veían en otras latitudes.
Que son precisamente las mismas por las que el sistema sanitario debía financiarse en gran medida con deuda, siendo habituales las desviaciones presupuestarias. Quizá pensábamos hace nada que añadir recursos privados a la financiación pública de determinadas prestaciones sanitarias no era compatible con una sociedad avanzada de bienestar. Lo que implícitamente conduce al absurdo de sostener que aquellos otros países, desde luego no menos avanzados que nosotros, no eran verdaderos Estados de bienestar. Cuando es precisamente un buen diseño de los equilibrios necesarios para por una parte recaudar y por otra disuadir de usos poco eficientes de los recursos, preservando la calidad, lo que permite que la sanidad pública sea sostenible. Se ha dado la paradoja de que mientras se denostaba cualquier transacción sobre la equidad, se mantenía un sistema injusto de copago acompañado de un elevado nivel de fraude que ahora descubrimos.
Con independencia de que esta u otras medidas sean impopulares, la convergencia europea se impone en cualquier caso. Aspiramos a reforzar la unión monetaria a través de una necesaria unión fiscal y una unión bancaria. En definitiva, avanzamos hacia un Gobierno único, en otras palabras, una unión política. Como es lógico, esto nos obliga a manejar criterios semejantes en el ámbito del bienestar.
El decreto ley del Gobierno adolece de algunos defectos, pero ha mejorado el copago que existía en España al vincularlo a la renta. Al romper parcialmente la dualidad activo-pensionista promueve un reparto más equitativo de las cargas. En estos momentos solo el 2 % de la población (y no especialmente pudiente) soportaba la tercera parte del esfuerzo. Por otro lado, el porcentaje de financiación pública de los medicamentos, cercano al 95 %, es insostenible, muchos puntos por encima, además, de la media de la UE. Los efectos limitadores del sobreconsumo de un copago reformado también son importantes. España es el segundo país del mundo en consumo de medicamentos por persona, lo que no se corresponde con nuestros indicadores de salud.
El problema no es el nuevo diseño del copago ni quizá el derivado de otras medidas que a buen seguro se impondrán. El problema es que las reformas se tienen que hacer en el peor momento porque no se hicieron en el mejor.