Cuantos más datos, amenazas e indicios de chantaje van saliendo a la luz, más necesario se hace que la Justicia llegue hasta el fondo en el caso Urdangarin.
Además de esclarecer qué paso con los 3,5 millones de euros presuntamente desviados del erario público hacia empresas de los imputados, y de dejar claro si existieron los delitos de malversación, tráfico de influencias y fraude a la Administración pública que se imputan al yerno del rey y a su exsocio, debe exigirse a quien alude a mensajes con menciones al monarca que aporte ya toda la documentación que posea.
Si en ningún caso es de recibo mencionar la existencia de pruebas sobre una investigación judicial en curso sin presentarlas o sin que se exija su entrega, menos aún cuando se insinúa algún tipo de connivencia del jefe del Estado en actuaciones irregulares.
No ha de quedar duda alguna sobre la trayectoria de la Corona, que ha cimentado su aceptación popular sobre la renuncia a los poderes heredados del franquismo, el impulso a la Constitución, su actuación durante el 23-F y el desempeño impecable a lo largo de tres décadas de su papel moderador del funcionamiento de las instituciones.
Para garantizar que esa aceptación continúe, la investigación judicial debe llegar hasta el fondo de este caso, aclarando todos los extremos, y que responda quien tenga que responder. Para que se mantenga en el futuro, convendría fijar, además, pautas de transparencia de los movimientos del rey, incluidos los privados, y no apartarse un ápice de la austeridad, hoy más imprescindible que nunca en todos los poderes públicos