Los problemas de la economía española son profundos y variados. La elección de correctas políticas económicas para evitar las consecuencias más dramáticas de la crisis es una obligación de los gobernantes. Los gobiernos tienen, pues, un duro reto. España debe, de una parte, acometer una política de ajustes y reformas que concluya con una rebaja de su elevado desfase fiscal presupuestario. De otra parte, también debe y está en la obligación de activar el crecimiento económico cambiando el modelo productivo y generando empleo. Esto es, hacer dos trabajos en uno. Inclinar la balanza hacia un objetivo u otro puede acarrear más desequilibrios, más ajustes y mayores retardos en su aplicación.
Hasta el momento, desde fuera nos han ido exigiendo varios cometidos. En primer término, un ajuste presupuestario profundo. Y, a la vez, políticas de crecimiento y de confianza en la economía. El Gobierno dudó en lo primero, falló en lo segundo y no se planteó lo tercero. El resultado es una economía dubitativa, en la que la productividad y competitividad continúan siendo las asignaturas pendientes.
Si examinamos con detalle lo llevado a cabo hasta el momento no encontramos coherencia con los objetivos finales. Así, por ejemplo, «reducir el déficit presupuestario» (pasando del 8,5 % del 2010 al 5,3 % en el 2012 y al 3 % en el 2013) exige recortes tanto en las políticas sociales como de inversión. Dichas medidas de ajuste van a conseguir (aprovechándose de las ajustes derivados de la reforma laboral) varios efectos concatenados: disminución de los empleos y aumento del paro (ya admitido por el Gobierno); caída de la renta disponible (también admitido) y reducción de salarios (imposición gubernamental) que afectan tanto al consumo como a la recaudación procedente del IRPF y del IVA. Por tanto, esta disminución de empleos, salarios e ingresos públicos, va a retroalimentar el crecimiento del déficit público, so pena de ahogar a la ciudadanía. Es decir, el Gobierno va a entrar en un círculo vicioso de difícil salida.
El no querer introducir en las políticas económicas gubernamentales ninguna mención a las políticas activas de empleo o a los necesarios cambios en los modelos productivos pone de manifiesto que la economía española seguirá estando sostenida por un patrón de crecimiento demasiado obsoleto; por una especialización de sectores de bajo valor añadido y de bajo contenido tecnológico; por sectores de escasa competitividad internacional; y sobre una base demográfica muy envejecida, necesitada de amplias políticas de asistencia y prestaciones sociales. O sea, el hecho de no querer apostar por un cambio de modelo (que algunos denominan «castizo») podría significar una pérdida del impulso a las nuevas oportunidades de futuro. Es decir, no ganaríamos en productividad ni sumaríamos mayor competitividad, por lo que el crecimiento económico tardará en venir.
Nuestra economía debe crecer y además debe generar empleo. La ley de Okun, ecuación que mide la sensibilidad del desempleo respecto al crecimiento, nos indica que el PIB español tendrá que crecer un 3 % para que la tasa de paro no crezca. Si no logramos en el corto plazo aumentar nuestras perspectivas de empleo, España no podrá converger con las economías más sólidas de Europa o formar parte de las economías más dinámicas mundiales. Es decir, dejaría de ser una sociedad atractiva y será muy difícil implementar políticas económicas con capacidad de convicción.