A estas alturas de la crisis pocos dudaban de que los recortes llegarían a la sanidad. En primer lugar por la necesidad de recaudar, pero también porque estamos en los primeros puestos de Europa en consumo de medicamentos y porque países vecinos más ricos exigen más a sus ciudadanos por los servicios sanitarios.
Y llegaron. Con ajustes tan imprescindibles como el que tratará de evitar el turismo sanitario. Decir ahora que nos ha costado cerca de mil millones de euros hace pensar más en el juzgado de guardia al que habría que llevar a los responsables que en saludar una medida que ha tardado demasiado. Y con decisiones de sentido común como el homologar tarjetas sanitarias o digitalizar historias clínicas para que ir de Ribadeo a Vegadeo no suponga todo un muro a la hora de recibir asistencia.
Cuestión distinta es implantar o aumentar el pago por medicamentos y mezclar medidas progresivas como que aporten más los que más tienen (léase los que más declaran) con otras discriminatorias. Aunque los pensionistas sean, lógicamente, quienes más medicinas consumen, denota muy escasa sensibilidad obligar a un alto porcentaje de ellos a pagar 8 euros al mes por sus fármacos y aun encima decir que son solo cuatro cafés, cuando 8 euros es la mitad del dinero que muchos jubilados y muchísimas viudas tienen para afrontar todos sus gastos de un día.
Una vez más, la sensación es que el peso de la crisis sigue recayendo sobre los que viven de un sueldo o de una pensión. Una sensación que este Gobierno que no iba a tocar a los pensionistas no hace más que alimentar con sus cambios de postura y la ligereza de algunos de sus miembros ante un micrófono.