S éame usted sincero: ¿a usted no le ha dado envidia ese conocido que saca siempre un fajo de billetes para pagar en el bar? A mí, mucha. Es lo que nos pasa a los pobres: pagamos con miedo a que la tarjeta de crédito descubra nuestra penosa realidad de escasez de fondos. En cambio, el fajo es síntoma de poderío. Y algo mucho más apreciado en esta sociedad del fraude: es síntoma de posesión de un dinero que no ha sufrido el descuento de Hacienda. No incito a defraudar, Dios me libre, pero el fajo puede llegar a valer el doble del resto del vil metal.
Pues bien: a partir de hoy, ese san Jorge del fraude que se llama Cristóbal Montoro va a pisar el dragón de la negritud monetaria. El Consejo de Ministros aprobará la norma que prohíbe pagar en efectivo más de 2.500 euros. Si usted pertenece al gremio del fajo, podrá pagar en billetes 2.499 euros, pero uno más le convertirá en defraudador. No sé calibrar la trascendencia de la medida, pero debe ser importante, porque Rajoy la anunció personalmente, como gran instrumento de persecución del fraude fiscal.
Mi entusiasmo es más limitado. Para que la medida sea eficaz hace falta mucha inspección de la Agencia Tributaria. Quien se mueve en la economía sumergida lo seguirá haciendo, porque la ocultación es su esencia. Si hay huella del dinero manejado, habrá que pagar el IVA, y quien ahora se escabulle se seguirá escabullendo. Y dicen los inspectores que habrá casos donde resulte más rentable la sanción del 25 % que el porcentaje que habría que pagar de impuestos en una transacción transparente.
Así y todo, algo había que hacer. Un día les he contado aquí el ofensivo espectáculo que he contemplado en la «milla de oro» de Madrid: cómo los consumidores del lujo pagan en billetes, y ya no son de 500, que están más controlados; son de 200, que se camuflan mejor. Hoy les puedo añadir que, a pesar de ese control, en España hay cerca de cien millones de billetes de 500 -más de dos por habitante-, que casi nadie ve, pero se usan o se guardan: siempre dinero negro o ennegrecido. Y les puedo añadir que el problema no está en quien paga una transacción o un servicio con 2.500 euros en efectivo, sino en quien paga decenas de miles, cientos de miles o millones. En un juzgado de Madrid se está viendo el caso de un ciudadano que desembolsó ocho millones de euros en metálico. A esos es a quienes hay que perseguir. Menos menudeo con fajos, y más busca del gran defraudador. Si la medida de hoy vale para eso, bienvenida. Pero no nos hagamos demasiadas ilusiones. Al mismo tiempo que se pone en marcha la maquinaria de persecución, se pone en marcha la ingeniería para burlar la ley. Y casi siempre es más eficaz.