Ya en el tiempo de descuento, en su primer Consejo de Ministros tras la debacle electoral del 20-N, el Gobierno de Zapatero indultó a Alfredo Sáenz. El consejero delegado del Banco Santander había sido condenado por el Tribunal Supremo a tres meses de arresto mayor e inhabilitación por presentar una denuncia falsa a sabiendas cuando era presidente de Banesto. De esta forma Sáenz pudo seguir ejerciendo como número dos de la poderosa entidad financiera. Ya con Rajoy en la Moncloa, el Ejecutivo indultó a un ex alto cargo de la Generalitat catalana y a un empresario, ambos de Unió Democràtica de Cataluña, el partido de Duran i Lleida, condenados por prevaricación y malversación de caudales públicos. La medida de gracia no se entiende sin las alianzas PP-CiU en el Congreso y en Cataluña, pues el Gobierno desoyó los contundentes informes en contra de los jueces y el fiscal. Pero la puntilla llegó el viernes con la obscena amnistía fiscal a los defraudadores, introducida de rondón en unos Presupuestos que no son fríos números sino que suponen sacrificios muy duros para el común de los ciudadanos.
Tres mensajes demoledores para una sociedad que está pagando unos costes muy altos por la crisis: un banquero que puede seguir ejerciendo como si no hubiera hecho nada, dos políticos corruptos que no pisan la cárcel y rehabilitación sin ninguna pena para quienes declaren dinero negro. Para la gente corriente no hay perdón. Pretender así que se acepten sin más los sacrificios que requiere el momento es una mera ilusión. No puede haber ciudadanos de primera y de segunda.