Empezar esta reflexión recordando los resultados electorales del pasado domingo tiene interés: por conocer cómo se abordará el acceso al poder de un socialismo recortado con la cooperación necesaria de una Izquierda Unida inédita en su ejercicio, y por el muro de contención erguido a la hegemonía regional de los populares. También por el frenazo y la incertidumbre que tales resultados imponen a algunas estrategias políticas que el poder azul, en concordancia con el directorio europeo y los poderes financieros, habían diseñado.
Añádase a ello el chusco cambio de consideración que los dirigentes populares andaluces han mostrado -oferta de pacto parlamentario- frente a un socialismo andaluz demonizado cuando lo estimaban desahuciado, e inclúyanse en tal interés los diagnósticos de analistas que ahora demonizan a los andaluces -otrora a los catalanes tripartitos- por no haberlos desahuciado. A los socialistas, claro.
Pero más allá de debilidades y frustraciones de unos y otros, pasado el domingo, los problemas persisten. Para los ciudadanos y para el Gobierno popular. El Gobierno, obligado a hacer frente a una grave crisis económica con las secuelas sociales del paro, acuciado por Europa y sostenido en sus propias convicciones, y los ciudadanos sufridores y paganos de las políticas elegidas por el Gobierno.
Políticas como la reforma laboral, que desprotege al trabajador hasta límites impensables desde antes del Fuero del Trabajo o del ministro Girón de Velasco, y que ha provocado una amplia protesta con la huelga general. Pero sin olvidar las ya aprobadas subidas de impuestos a las rentas del trabajo, las congelaciones o recortes salariales de los empleados públicos, y las iniciativas -desplegadas ya por la nacionalista e independentista CiU- de recortes y desatención en servicios y derechos sociales.
Más, sí, más, las políticas derivadas de unos inmediatos presupuestos duramente restrictivos y una complaciente -para las grandes corporaciones de servicios- alza de precios. En definitiva, una devaluación interna devastadora para el conjunto de los ciudadanos, pero con especial repercusión para los asalariados, por más que pensionistas o autónomos serán víctimas inevitables.
Devaluación interna que nos empobrece todavía más, pero que no conjura las exigencias del déficit, de los mercados financieros y de las políticas europeas, ni promueve creación de empleo. Sigan atentos las presiones de los mercados y sus políticos, o los diagnósticos de la banca y sobre la banca, y verán que las políticas de la gran reforma popular apenas encierran incertidumbre.