Por la importancia que tiene el poder, o su deseo, llevamos tres meses de Gobierno aplazando la gran reforma. A los andaluces, y al poder que en ellos reside por las próximas elecciones, se lo debemos.
Cierto que en estos meses la gran reforma económica y la contrarreforma social han avanzado. Han subido los impuestos, han aprobado una dura reforma laboral, han aceptado un objetivo de déficit del 5,3 % del PIB, han anunciado cambios en el sistema educativo, contrarreforma de la ley del aborto, de la de dependencia, pero todo ello como meros anticipos para clientes privilegiados. Bien sean los mercados, el directorio europeo o las organizaciones de soporte ideológico de las áreas más extremas de su clientela electoral.
Se han enunciado aspectos insostenibles de la actual organización de España y de su limitado Estado de bienestar. Entiéndanse como tal los discursos sobre aspectos de política territorial, como las insostenibles autonomías o el disparatado gasto farmacéutico o sanitario, e incluso la enseñanza universitaria y por supuesto la infantil. Dejando entrever que habrá cambios radicales, y no en la gestión que de los Gobiernos depende, sino en transferir costes -derivados en gran parte de esa mala gestión- a los ciudadanos.
Ciudadanos derrochadores, acostumbrados a vivir por encima de sus posibilidades, que pretendieron el enriquecimiento ilícito a costa de los mercados y el sistema financiero. Ideas y políticas que se plasman en la avanzadilla del Gobierno de CiU en Cataluña como escaparate demostrativo. Hasta ahora.
Porque después del domingo, aun con éxito -pírrico- de la huelga general, llegará la Gran Reforma. El sistema financiero avanzará en la concentración y el saneamiento con fondos públicos, para que pueda comprar con interés deuda del Estado, también pública. Las grandes empresas de servicios, telefonía y comunicaciones, energía, transporte -muchas de ellas otrora publicas y ahora privatizadas-, incrementarán sustancialmente sus tarifas y seguirán desreguladas en sus obligaciones para con los clientes-ciudadanos. El copago farmacéutico y sanitario será realidad. La función pública será de nuevo objeto de espléndida demagogia, sometida a más recortes salariales y en lo posible transferida a la gestión privada. Independientemente de su función y necesidad en un Estado moderno de bienestar.
Las autonomías, las diecisiete autonomías, tan excesivas en sus réplicas de la Administración central, se encontrarán con la hegemonía política dominante, y seremos País Vasco, Cataluña, con su reclamado pacto fiscal, y los demás. Aquí, «el noroeste».
Y volverán de nuevo -que no, no nos gustan- los impuestos. Ahora los indirectos, más justos y queridos porque no discriminan.