Hace unos días el Colegio Oficial de Médicos de Madrid hacía público un informe sobre la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo auspiciada por el anterior Gobierno. Se trata de un documento de 100 páginas que supone, y cito textualmente, «el rechazo más enérgico de la comisión deontológica del Colegio de Médicos de Madrid a la ley». El texto considera que la ley y su tramitación parlamentaria subestimaron las cuestiones éticas y deontológicas del tema, lo cual «infravalora la tradición moral médica y la catalogación del aborto por la Medicina como un mal social [?] Nunca la tradición moral y deontológica de la Medicina española había recibido un embate tan radical por parte del legislador, con imposición legal del aborto libre en el marco profesional, jurídico y universitario».
Por otro lado, ya en el noveno Congreso Mundial sobre Síndrome de Down (Vancouver 2006) afloró como una gran preocupación la problemática que suscita el diagnóstico prenatal y el uso que se está haciendo del mismo para promover masivamente el aborto selectivo de los fetos con síndrome de Down. La cosa ha llegado a tal punto que no escasean los bioéticos y los médicos -también en España- que entienden como una obligación de la gestante el abortar en este supuesto, lo cual claramente puede entenderse como una violencia estructural respecto de la embarazada y una grave discriminación de las personas con síndrome de Down.